«Muchos dicen que es una locura resistirse al sistema, pero en realidad, es una locura no resistirse a él»
«Conforme nos radicalizamos, debemos pasarlo a las siguientes generaciones. Para que éstas no sepan más de 50 Cent que de Huey P. Newton, para que la gente joven cree una cultura que no diga ‘se rico o muere en el intento’, sino ‘se libre o muere en el intento’. Este es el reto colectivo, si podemos hacer esto, podemos dar brazos y piernas, corazones y mentes, cuerpos y almas al movimiento que creará la verdadera solidaridad internacional hacia los presos políticos, prisioneros de guerra y detenidos políticos. Esta es nuestra labor, esta es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo rehacer el mundo con una visión más humanista, más fomentadora de la vida. Desde el corredor de la muerte, este es Mumia Abu-Jamal»
Mumia Abu-Jamal, periodista, militante de las Panteras Negras, preso político en Estados Unidos desde 1982, condenado primero a la pena de muerte, luego conmutada por una condena de por vida gracias a las múltiples campañas internacionales.
La pregunta es muy sencilla: ¿Si Costa Rica, es una democracia como puede tener presos políticos? Pero es más interesante plantearse la misma inquietud a la inversa: ¿Si Costa Rica tiene presos políticos, es una democracia? La respuesta obvia es que no, no lo es. En este artículo trataremos de dos problemas conectados pero diferentes: la criminalización de la pobreza y la criminalización de la protesta.
La política penal de la burguesía: criminalizar la pobreza.
Estudiar con detenimiento la política penal y la política penitenciaria, es una de las formas más sencillas de entender como el Estado y la justicia son una justicia y un Estado de clase, al servicio de los intereses de los más ricos y los más poderosos, es por eso que es muy raro y motivo de noticia que un rico o un político famoso vaya a la prisión, mientras miles de pobres anidan en las cárceles del Estado burgués. Bajo el Estado capitalista la pobreza y la lucha de los empobrecidos esta permanente y duramente criminalizada.
En este momento el país tiene 10 860 reclusos, la mayoría de ellos en condiciones de brutal hacinamiento, desde el año 2005 hay tres indicadores sociales que no han parado de crecer: la desigualdad social, el desempleo y la cantidad de presos.
Mientras crecen la desigualdad y el desempleo, crecen los delitos contra la propiedad, entre 2013 y 2015, se produjeron 40 000 delitos contra la propiedad, durante el año 2014 la fuerza pública remitió a los tribunales de flagrancia a 7 263 personas, es decir 20 personas por día fueron enviados a tribunales que los condenaron de manera expedita.
La cárcel no solo es el lugar donde se envía a los pobres y a los “no integrados”, es también donde el Estado burgués muestra su verdadero carácter, su carácter de violencia concentrada, por ejemplo, las torturas son prácticas comunes en las cárceles.
El periódico La Nación, señalaba el 3 de junio de 2014 que la Sala Constitucional, luego de 35 quejas de 30 reos había detectado un “un patrón sistemático de tratos crueles, degradantes e inhumanos, y abuso policial”. Los policías fueron acusados de “golpear, patear y agredir con gases irritantes en los ojos, boca y genitales, y de introducir los dedos en el ano de los reos”.
La política penal de la burguesía: criminalizar la protesta social.
Además de criminalizar la pobreza, desde el año 2000 el Estado costarricense se ha encargado de criminalizar la protesta social. Luego de la movilización social contra privatización del ICE, el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez transformó lo bloqueos de carreteras en delitos.
A partir de allí el Estado, el Ministerio Público y la Fiscalía tratan como criminales comunes a los dirigentes sociales y políticos que organizan a las personas para luchar contra las injusticias que provocan el mismo sistema y la política de la burguesía.
Esta política de criminalizar la protesta social se empezó a utilizar para contener el ascenso de las luchas populares, su objetivo era enjuiciar a conocidos dirigentes populares con la intención de amedrentar las luchas.
Podemos iniciar la lista en el año 2006 cuando después de 4 años de procesos judiciales fueron enjuiciados y condenados Trino Barrantes, dirigente del Partido Vanguardia Popular, Célimo Guido ex diputado de Fuerza Democrática y Rocío Céspedes, sindicalista magisterial, a un año de prisión y el pago de 16 millones de colones en reparaciones al Estado. Se les acusaba de “entorpecimiento de los servicios públicos”, en realidad se les enjuiciaba por dirigir la lucha contra la transnacional RITEVE en el año 2002.
Esta política de judicializar y criminalizar la protesta social continuo y tuvo un segundo pico cuando el Estado intentó apresar a 21 personas, por la lucha llevada a cabo en 2010 en contra de la privatización de los muelles de Limón y Moín. Luego de 5 años de “torturas” judiciales 20 compañeros quedaron absueltos y el Estado condenó a una compañero Paulina Briones, actualmente presa.
El “gobierno del cambio” de Luis Guillermo Solís es el más represivo del último periodo y tiene cuatro presos políticos
El gobierno de Luis Guillermo Solís, no solo ha continuado la política de criminalización de la protesta social, sino que ha radicalizado este ataque. En este momento el gobierno tiene 4 presos políticos, un asesinato extra judicial impune y se prepara para un nuevo juicio contra 6 activistas sociales.
Realizaremos un breve recuento de los presos políticos del país:
1) Orlando Barrantes, dirigente social y de izquierda, preso, condenado a 12 años de cárcel y acusado por “secuestro”. En realidad se le encarcela por exigir la indemnización a los afectados por el nemagón y por exigir mejoras para los campesinos de Guápiles.
2) Mauricio Steller, guardaparques, preso, condenado a 12 años de cárcel y acusado de “tentativa de homicidio”. En realidad se le apresa por defender a las tortugas en peligro de extinción y al medio ambiente.
3) Paulina Briones, pescadora, presa, condenada a 5 años de cárcel y acusada de “incendio”. En realidad presa por luchar contra la privatización de los muelles de Limón y Moín.
4) Iván Angulo, regidor municipal, preso, condenado a 12 años de cárcel y acusado por “secuestro”. En realidad se le encarcela por exigir la indemnización a los afectados por el nemagón y por exigir mejoras para los campesinos de Guápiles.
Otros hechos represivos del gobierno y la fiscalía:
5) Paul Watson, ecologista, referente de Sea Shepherd, fue acusado por la Fiscalía de Costa Rica por el delito de “intento de naufragio”, enfrentando una pena de entre 6 y 13 años de prisión, gracias a las diligencias del Ministerio Público costarricense, la Interpol giro una orden de captura internacional contra Paul Watson, lo que lo transformó en un “delincuente buscado internacionalmente”.
6) Jairo Mora, ecologista, defensor de las tortugas, muerto y asfixiado por el ataque de “hueveros” ilegales, los 7 acusados por su crimen, fueron puestos en libertad producto de la falta de pruebas y la impericia con la que la Fiscalía llevo adelante el juicio.
7) Ingrid Rangel y Karina Araya, activistas del Foro Nacional de Vivienda, fueron detenidas el 28 de febrero del 2015, se les acusó de “golpear un motociclista y de andar algo en la mano” y se les sometió a un mes prisión preventiva, aunque luego fueron liberadas, aún se espera un posible juicio.
Además, El Estado y la fiscalía costarricense preparan un nuevo juicio político ahora contra 6 activistas que participaron el 8 de noviembre de 2012 en las protestas contra la privatización de los sistemas de salud, sus nombres son : 1) Luz Marita Arce Soto y 2) Luis Diego Retana Solano, estudiantes de Trabajo Social; 3) Adrián Jaén España, profesor universitario, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, 4) Luis Alberto Salas Sarkis, pensionado, militante del Partido Vanguardia Popular 5) Denis Solís Cruz, profesor de secundaria, activista de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza y 6) Mario Alberto Villalobos Arias, profesor universitario y miembro del CODEHU.
Esperamos haber demostrado que no es posible considerar a la justicia y al Estado costarricenses como democráticos, más bien todo lo contrario, su política es tener presos por luchar.
¡Basta de presos por luchar!
¡Contra la criminalización de la protesta social!
¡Defendamos las libertades democráticas!
