Como si no fuera suficiente para los diputados y el gobierno imponer el combo fiscal, el presupuesto nacional de 2019 plantea severos recortes que también buscan descargar los costos de la crisis sobre la clase trabajadora.
Para esta ocasión el monto es de 10.9 billones, financiado en más del 50% por medio de deuda, mientras que lo restante se obtendrá a través de impuestos. Del presupuesto total, 41,6% será utilizado para pago de intereses (los cuales crecen 20,5%) y amortización de la deuda pública (aumenta un 80,5%).
En la Asamblea Legislativa se discute quitarle casi 4 mil millones de colones al financiamiento de los CEN CINAI, un apoyo importante para las mujeres trabajadoras y jefas de hogar en pobreza.
El recorte a la educación pública será de 12 mil millones en comparación con el 2018. Aunque la Constitución Política exige a los diputados de que la inversión debería ser de un 8% del PIB (2,9 billones), para 2019 apenas sobrepasa el 7% (2,6 billones).
Ya se aprobó quitar 10 mil millones de dólares al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Este monto se va a trasladar al pago de deuda, en lugar de resolver las necesidades más sentidas de las universidades públicas.
Otro aspecto fundamental de la discusión presupuestaria para el año venidero es la intención de cerrar instituciones públicas, en su mayoría encargadas de financiar programas sociales, como IMAS, Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) e INVU, e integrarlas en un solo Ministerio de Asistencia Social .
Desde el Partido de los Trabajadores alertamos que este presupuesto, así como el plan fiscal, representan brutales ataques contra las condiciones de vida de la clase trabajadora. Por eso es necesaria la organización popular para exigir la suspensión del pago de la deuda y que los ricos paguen por la crisis.
