San José, abr (Socialismo Hoy) – A mediados de marzo la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y el gobierno de Luis Guillermo Solís anunciaron que a partir del 20 de Abril se aplicarán las multas de la reforma a Ley de Migración.
Estas multas implican el pago de $100 por cada mes que un trabajador permanezca dentro del país «de forma irregular». El artículo de ley dice lo siguiente:
«Toda estancia irregular en territorio costarricense hará que las personas extranjeras deban cancelar una multa migratoria equivalente a cien dólares moneda de los Estados Unidos de América (US$100,00), por cada mes de estancia irregular en el país o, en su defecto, se les prohibirá el ingreso por un plazo equivalente al triple del tiempo de su permanencia irregular».
Esto significa que algunas personas tienen que pagar al menos unos $4000 acumulados hasta el día de hoy, pues se toma en cuenta todo el tiempo desde la entrada en vigencia de la ley. De no poder pagarlo deben pasar un mínimo de 12 años fuera del país, sin tomar en cuenta su condición económica, si tienen vivienda, familia, trabajo y sin revisar las condiciones en las que tendrían que volver en su país.
Los propios estudios que dieron lugar a esta ley dejan claro que presionar mediante las multas no va a ayudar en nada a regularizar la situación de las personas migrantes. Las razones por los que estos no se regularicen es por el exceso de trámites, por el hecho de que los propios patronos no gestionan los permisos y por lo increíblemente caro que resulta regularizar los papeles.
Por ejemplo, para una familia este costo se aproxima a los $1500, siendo casi 4 meses de salario para uno de los sectores más explotados y con peores salarios en el país.
El gobierno insiste en la aplicación de estas multas a pesar de las denuncias
El gobierno de Luis Guillermo Solís insiste en comenzar a aplicar estas multas, a pesar de que queda claro que estas únicamente van a empeorar la situación de la clase trabajadora migrante, aumentar la irregularidad, empeorar las condiciones laborales al convertirse en una forma de chantaje, aumentar la corrupción dentro de los funcionarios de policía y migración, y no va a ayudar en nada a que esta población «regularice su situación».
Desde la aprobación de esta ley decenas de organizaciones vienen denunciando que estas multas violan los derechos humanos y son absolutamente desproporcionales. Sin embargo la DGME y el gobierno se han hecho de oídos sordos e insisten en aplicar las mismas. Los argumentos de las organizaciones sociales son contundentes y los argumentos de migración brillan por su ausencia.
Desde el Partido de los Trabajadores nos sumamos a la lucha contra la aplicación de estas medidas xenofóbicas y violatorias de los derechos humanos. Nos parece vergonzoso que el gobierno de Solís, que se vende como «respetuoso de los derechos humanos» esté protagonizando este enorme ataque. Le exigimos al gobierno de Luis Guillermo Solís que se respeten los derechos de las personas migrantes y no se apliquen estas multas.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones migrantes, sindicales, sociales y de derechos humanos a que sumemos esfuerzo y nos movilicemos para asegurarnos que estas medidas no se puedan aplicar.
Este es un ataque no solo contra las personas migrantes, sino contra toda la clase trabajadora pues va a aumentar la violencia en el país, aumentar la informalidad, y va a ser utilizado para rebajar las condiciones y salarios de todos los trabajadores, al aumentar la informalidad y permitir que se aumente la explotación en sectores como la construcción, el agro, y el trabajo doméstico entre otros.
Finalmente, hacemos un llamado a reforzar la movilización del próximo 12 de Abril hacia Casa Presidencial para luchar por frenar estas medidas. Creemos que este es un primer paso importante para poder frenar la aplicación de estas medidas y es importante fortalecer este esfuerzo.
