En los últimos años se ha generado un aumento constante de la violencia en nuestro país. Según los reportes de los medios de comunicación el 30% de los casos de violencia están ligados directamente al narcotráfico.
Ante esta oleada tan alarmante de violencia, la respuesta del gobierno del PAC ha sido la de continuar aumentando el presupuesto para la policía, como lo hizo el año pasado designando 950 millones de dólares a la Seguridad Nacional según datos del Atlas Comparativo de la Defensa de América Latina y el Caribe. Además los diputados en la Asamblea Legislativa aprobaron 25 mil millones de colones para la contratación de 1500 policías más para octubre de este año. Esto nos convierte en el país con mayor inversión a la policía en Centroamérica, a pesar de que no tenemos ejército.
Estas políticas de aumento de las fuerzas represivas van de la mano de una serie de medidas de persecución y ataques a los barrios populares y a los trabajadores migrantes, principalmente a los nicaragüenses, intentando culpabilizar a la juventud y los extranjeros de los problemas de violencia y de la venta y consumo de drogas.
El narcotráfico es el mejor negocio de unos pocos.
El tráfico de drogas es uno de los mercados más rentables en la actualidad, abasteciendo aproximadamente a 200 millones de personas en el mundo y moviendo casi 500 billones de dólares al año. Solamente 10% de los ingresos quedan en manos de los repartidores, traficantes y jóvenes que prestan servicios al crimen organizado. El otro 90% es lavado en los llamados paraísos fiscales, lo que genera grandes ganancias para los ricos empresarios. Mientras que los grandes narcotraficantes no son condenados, los jóvenes repartidores son los que mueren en las calles y las cárceles.
La guerra contra los pobres, los migrantes y la juventud.
La guerra contra el narcotráfico es en realidad una política de control social de la población pobre y migrante, porque profundiza la militarización de la policía en los barrios pobres y de la policía de migración. Por eso es cada vez más frecuente la visita de la policía a los barrios populares, los famosos allanamientos y confiscación de drogas, al mismo tiempo que utilizan cada vez más violencia. Mientras que los grandes empresarios siguen lavando el dinero tranquilamente, la clase trabajadora se ve envuelta en una batalla entre la policía, y los traficantes y distribuidores. Igualmente sucede con los migrantes, a quienes se les intenta culpabilizar de ser los causantes de la violencia y del tráfico de drogas, como lo hemos escuchado en los discursos xenófobos de varias candidaturas presidenciales como la de Rodolfo Piza del PUSC y Sergio Mena del PNG. Además de la reciente política de expulsión de los “extranjeros indeseables” del gobierno de Luis Guillermo Solís.
Legalización, empleos y salarios dignos.
Desde el PT rechazamos la militarización de la policía y el aumento que se está dando en la represión a los jóvenes y migrantes bajo el escudo del “problema del narco”.
Para resolver verdaderamente el problema de la violencia, es necesario la despenalización del uso y comercio de drogas y la legalización de todas las drogas, colocando todo el control y comercialización en manos del Estado. Igualmente sería necesario extender ese régimen de producción y distribución en las demás drogas legalizadas, como el alcohol y el tabaco; y poner los beneficios de su venta al servicio de la población, con inversiones en salud pública, programas de tratamiento de dependencias y campañas contra el consumo compulsivo. Esto lograría desarticular el crimen organizado y crearía grandes barreras al comercio ilegal de drogas. Además el gobierno dejaría de invertir tantos millones en armas y policía.
Además es necesario que se le den verdaderas alternativas a los jóvenes y otorgar la residencia y plenos derechos a todos los migrantes. Eso quiere decir que existan verdaderas oportunidades de empleo, con salarios que se ajusten al costo de la vida, acceso a la educación de calidad y sin tener que pagar altas sumas de dinero para poder ir a estudiar, y promover espacios y presupuesto para que la juventud trabajadora pueda realizar actividades recreativas, deportivas y culturales.
¡Legalización y control estatal de la marihuana y todas las drogas!
¡Más empleos y salarios dignos!
¡Plenos derechos para todos los migrantes!
¡Inversión en educación, cultura y recreación!
