Por Esteban Beltrán Ulate
Como candidato a diputado por la provincia de Heredia del Partido de la Clase Trabajadora, quiero manifestar públicamente mi respaldo y acompañamiento a las personas trabajadoras de la finca Oropel, administrada por Chiquita Brands en Sarapiquí (Heredia), ya que, el pasado martes 27 de enero realizaron un paro de labores hasta las 2:35 p. m., como una acción legítima moralmente ante las afectaciones que enfrentan ellas y ellos, en sus condiciones laborales.
Las personas trabajadoras me han manifestado un profundo cansancio y desgaste, al ver que su esfuerzo cotidiano no se traduce en salarios justos ni en condiciones dignas de trabajo. Por otro lado, a pesar de haber realizado las notificaciones correspondientes tanto al Ministerio de Trabajo como a la administración patronal, no han recibido ninguna solución efectiva.
Me preocupa especialmente que, en lugar de propiciar espacios reales de diálogo, se recurra a prácticas de hostigamiento, incluyendo insinuaciones sobre una eventual intervención de la fuerza pública, como mecanismo de presión frente al ejercicio legítimo del derecho a la organización y a la protesta laboral, tal como me han manifestado uno de los trabajadores.
Es importante señalar que las personas trabajadoras sí quieren negociar, quieren trabajo y salario digno; por lo que, el mismo martes 27 de enero, sostuvieron una reunión con un representante de la administración, sin que se lograra ningún avance, lo que deja en evidencia las serias limitaciones que existen hoy para acceder a una justicia laboral pronta y cumplida.
Asimismo, las personas trabajadoras denuncian la exposición directa a fumigaciones con pesticidas en los bananales, mientras se encuentran laborando, lo cual representa un riesgo grave para su salud y su integridad física. Esta situación no puede normalizarse ni minimizarse.
Ante este panorama, considero indispensable que el Ministerio de Trabajo asuma una intervención real y efectiva. No bastan las visitas de inspección que se limitan a reuniones con las gerencias; se requieren acciones concretas, seguimiento permanente y medidas que garanticen de manera efectiva los derechos laborales y la salud de quienes sostienen con su trabajo esta actividad productiva.
En el contexto de la actual contienda electoral, quiero ser claro: las condiciones justas para las personas trabajadoras no pueden seguir siendo promesas de campaña: Son una obligación permanente del Estado y de las empresas.
Desde mi candidatura a la Diputación por Heredia, y junto al Partido de la Clase Trabajadora, asumo el compromiso de construir puntos de organización para identificar las acciones desde todos los niveles posibles, por la defensa del trabajo digno, la salud laboral y la justicia salarial.
La dignidad laboral no se negocia. La organización y la protesta son derechos. El Estado debe responder. No nos resignamos, más bien nos organizamos, porque: “Nuestras vidas valen más que sus ganancias.”
