Este mes de febrero se dio una situación poco común en Costa Rica: las y los trabajadores de la planta de producción de Dos Pinos en Coyol de Alajuela iniciaron un proceso formal ante el Ministerio de Trabajo para realizar una huelga.

Para cientos de miles de personas trabajadoras en la industria, esa opción nunca se ha planteado como una posibilidad. Incluso, es realista señalar que existe un sector amplio que piensa que hacer huelgas no es legal en las empresas privadas.

Por eso, el llamado del sindicato UDECO a una huelga marca un hito en la historia reciente del movimiento obrero del país, ya que colocó la opción legítima de valorar detener la producción de la empresa como medida de presión para lograr mejoras en sus condiciones de trabajo.

Las manos obreras mueven las industrias y generan enormes cantidades de riqueza, y para la patronal, el solo hecho de detener la producción unas horas representa un golpe duro. Por eso combaten la organización obrera a toda costa, para no enfrentarse a situaciones como la que se dio este año en Dos Pinos.

Resulta totalmente legítima la discusión entre quienes mueven la producción si organizan una huelga para exigir que una fracción de la riqueza que generan se invierta en mejoras concretas a sus condiciones de vida y trabajo, como en este caso en Dos Pinos, donde se planteaba que tan solo una parte de los 409 millones de dólares en ganancias libres que se dejan los dueños cada año se destinara a mejoras laborales.

El proceso no se desarrolló, pero dejó enseñanzas importantes

No hay duda de que el llamado a la huelga generó presión sobre la patronal, que antes se había negado a negociar con la representación sindical en varias ocasiones. Esa presión obligó a retomar las negociaciones con el sindicato y a firmar un acuerdo que ponía fin al proceso, pero otorgaba una serie de beneficios importantes a las y los trabajadores.

UDECO logró posicionar el tema de la huelga en la empresa mediante una campaña nacional en medios de comunicación, redes sociales y con el respaldo de una importante cantidad de sindicatos, lo que sacó el conflicto del ámbito interno y lo colocó como un tema de relevancia nacional.

Además, permitió a la representación obrera hacer experiencia con el reglamento para la convocatoria a huelga, el cual presenta una serie de vacíos y normas engorrosas diseñadas para dificultar al máximo la implementación de huelgas legales en el sector privado. Por eso, este ejercicio ayudó a la dirigencia sindical y a su equipo legal a adquirir una experiencia valiosa.

¿Qué lograron en concreto?

Producto de la presión del llamado a huelga, la empresa se comprometió a iniciar el proceso para garantizar un subsidio económico en todos los tiempos de alimentación de las miles de personas que laboran en la planta. Además, se acordó otorgar un beneficio económico de entre 15 y 150 días de salario a quienes sufran despedidos tras un proceso de reubicación laboral por enfermedad lo cual es un avanza significativo en medio de una realidad laboral en la que los patronos no son obligados a pagar por los daños que sufren los cuerpos de personas trabajadoras que sufren daños en sus empresas.