Al menos 160 mil trabajadores de la construcción se juegan la vida no solo debido a las pésimas condiciones de trabajo comunes en el sector. En medio de la pandemia están obligados a trabajar arriesgando un contagio. Esto es culpa del gobierno que acepta todas las solicitudes de las cámaras empresariales.
Las condiciones laborales del sector son realmente precarias. Las grandes empresas constructoras sacan provecho de la tercerización, usando contratistas de papel, que en los hechos son simples planilleros. La violación de derechos es continua y lo demuestran las estadísticas de atención de conflictos del MTSS, que ascienden año tras año.
Entre las violaciones laborales más comunes tenemos la falta de documentación para los trabajadores migrantes, el no pago de horas extras, las retenciones salariales y el no pago de seguros. También, a pesar de la crisis del coronavirus, son muchas las empresas que no cumplen con las medidas más básicas de higiene. En muchas construcciones, los empresarios no les suministran alcohol en gel ni respetan la cantidad de personal en zonas de alimentación, por mencionar dos órdenes del Ministerio de Salud. Esto a pesar de que el sector aporta un 4% del PIB anual (según informe económico de la Cámara Costarricense de Construcción de febrero 2020), es decir, sus ganancias anuales se cuentan por miles de millones de colones.
Aún si las empresas respetaran las normas de salud, el riesgo para los trabajadores sigue latente, pues deben utilizar el transporte público para movilizarse.
En el Partido de los Trabajadores, sabemos que las medidas propuestas por la UCCAEP y el gobierno solamente piensan en cuidar las ganancias de los empresarios. Por eso, los trabajadores de construcción deben organizarse en sindicatos como SITRASEP y hacer frente a estas medidas que ponen en riesgo sus vidas. Hoy la lucha debe ser que sean enviados a cuarentena en sus casas, con salarios y los puestos de trabajo garantizados.