Aunque el gobierno PAC solo cuenta un acuerdo firmado con el PUSC para gobernar contra los trabajadores, a nivel político guarda un consenso con Restauración y Liberación de cobrarle la crisis económica al pueblo.
En la Asamblea Legislativa, por ejemplo, mantiene negociaciones con el resto de los partidos para aprobar el aumento del Impuesto de Ventas y su conversión en IVA y el resto de los ataques de la reforma fiscal.
Mientras tanto, en los primeros meses de Alvarado continuaron empeorando el desempleo, el endeudamiento de las familias con tarjetas de crédito, los recortes presupuestarios en educación y servicios sociales, los ataques a los empleados públicos y la violencia contra las mujeres.
Miles de refugiados nicaragüenses siguen entrando al país semanalmente con hambre y problemas de salud. Deben hacerlo ilegalmente dadas las restricciones en la frontera y sin perspectiva de ser auxiliados apropiadamente por el gobierno y acogidos como refugiados.
Frente a esto, el consenso de todos los partidos proempresariales y del mismo Frente Amplio es que los trabajadores se sacrifiquen para aprobar la “Reforma Fiscal”.
Dicho acuerdo en torno a esta reforma no solo implica un ataque directo al nivel de vida de la clase trabajadora, sino que hoy sirve de excusa para que el gobierno eluda su deber frente a cuestiones urgentes como el decreto para la aplicación del aborto terapéutico, la declaratoria de emergencia nacional por los femicidios y la atención a los refugiados de la represión de Ortega.
Es claro que hoy el gobierno no solo busca atacar a los trabajadores, sino que, con la excusa de la crisis fiscal, pretende mantener relegada la situación de discriminación y violencia que viven las mujeres y los inmigrantes en nuestro país.
El mejor ejemplo han sido las declaraciones de Alvarado que, al ser cuestionado por el tema del aborto terapéutico, declaró que quienes impulsan dicha agenda “distraen la atención de dichos temas que son prioritarios para el país” (La Nación, 5 de Julio).
Ante esto, es urgente que todo el pueblo, trabajadores costarricenses y nicaragüenses, las mujeres, los jóvenes, nos unamos para enfrentar a este gobierno, a sus ataques y a sus excusas.
Debemos seguir el ejemplo del pueblo centroamericano: de los nicaragüenses, que se mantienen en lucha contra el sangriento dictador de Ortega; de los transportistas hondureños en su lucha contra los aumentos en la gasolina y de todo el pueblo que sigue resistiendo contra su tirano, Juan Orlando Hernández. También debemos seguir el ejemplo de las y los trabajadores salvadoreño que enfrentan la privatización del agua impulsada por otro gobierno de “izquierda” como el del FMLN.
Toda Centroamérica está en lucha y aquí en Costa Rica nos corresponde salir a enfrentar ese acuerdo del gobierno PAC-FA y de los demás partidos de concentrarse en la reforma fiscal antipopular y permitir que las mujeres y los migrantes sigan siendo discriminados y violentados.
Debemos unificar las luchas contra los ataques del gobierno y ante el tema fiscal, debemos movilizarnos por el cese en los pagos de la deuda pública originada en los grandes privilegios de las empresas para no pagar impuestos.
Hay que defender el presupuesto necesario para mejorar los servicios públicos, crear empleo, atender a los refugiados, combatir los femicidios y garantizar el aborto seguro, libre y gratuito. En la actualidad los recursos se destinan a pagar una fraudulenta y eterna deuda pública que nos empobrece cada día más.
También es urgente que se le cobre impuestos a las empresas por sus grandes ganancias.
Sin embargo, para avanzar en este objetivo de unir las luchas contra el gobierno, los trabajadores también debemos solidarizarnos con todas las causas de los oprimidos.
Debemos exigirle al gobierno que abra la frontera a todas las personas que buscan refugio de Nicaragua, se les garantice techo y atención médica inmediata. Tiene que declarar emergencia nacional, lo que daría recursos para frenar la violencia machista. Finalmente, debe decretarse ya el protocolo técnico que haga realidad la aplicación del aborto terapéutico en el país.
