San José, set (Socialismo Hoy) – Las estadísticas confirman lo que vemos en nuestras propias casas: el incremento en el costo de la vida y los niveles de desempleo nos golpean de manera cada vez más fuerte. La implementación del Plan Fiscal no resolvió los problemas del déficit ni de la pobreza; por el contrario, la crisis sigue profundizándose.
Los organismos financieros internacionales, los acreedores y las calificadoras de riesgo insisten en que el gobierno tome medidas más drásticas de recortes como señal de compromiso con la “recuperación económica”. Para ser fiel a ese encargo, el gobierno tiene previsto que para el próximo año el pago de intereses de la deuda se acerque a los 2 billones de colones, mientras el Presupuesto Nacional del 2020 se reduce en un 4,3% respecto al año anterior. Ese panorama solo significa una cosa: más ataques para la clase trabajadora.
El gobierno busca acabar con las luchas en las calles
Aunque el gobierno ha logrado implementar con éxito ataques de gran envergadura, como el Plan Fiscal o la Educación Dual, su principal apoyo se encuentra en los otros partidos políticos que representan los intereses de la burguesía, que ya sea legislando o gobernando con él (como es el caso del PUSC y el Frente Amplio), se comprometen con pasarle la crisis a la clase trabajadora. Pero fuera de las paredes de la Asamblea Legislativa el gobierno no encuentra el mismo apoyo. Según datos recopilados por la Universidad de Costa Rica, 7 de cada 10 costarricenses califica de mala la labor del gobierno en el último trimestre.
Las fuertes movilizaciones de los últimos meses han demostrado la dificultad que el PAC ha tenido para hacer frente a la situación del país, envuelto en escándalos de corrupción, con la salida de un ministro y con una crisis fiscal que no logra resolver.
Sin posibilidades de dar concesiones para estabilizar el clima político, el gobierno ha intentado buscar acuerdos con las burocracias sindicales para sacar la lucha de las calles y encasillarla en mesas de negociación o en espacios judiciales, desviando las luchas para que sean resueltas vía institucional.
En ese sentido, las burocracias sindicales han cumplido un papel importante para el gobierno, al contener el malestar y apaciguar los intentos de radicalizar la lucha. No solo han dividido la lucha de la clase trabajadora buscando cada uno salvaguardar sus intereses, sino que han apostado por mesas de negociación o acuerdos gestados entre cuatro paredes sin conocimiento de las bases.
O luchamos juntos o nos derrotan por separado
Estamos ante momentos decisivos para la clase trabajadora del país. La aprobación de los proyectos de ley antihuelgas (N°21.049 y 21.097) no solo pone en riesgo la posibilidad de organización y lucha en el sector público, sino que limita aun más las posibilidades de organizarse de los trabajadores del sector privado, quienes enfrentan las condiciones laborales más precarias.
Estos proyectos son decisivos para el gobierno y los empresarios, porque constituyen la pieza que les faltaba para poder implementar nuevos y más duros ataques. Es por eso que todos los sectores empresariales, patronales, partidos políticos y medios de comunicación se encuentran unidos impulsando este proyecto contra el derecho a la huelga y la sindicalización.
Por eso es más urgente que nunca acabar con el método burocrático de las dirigencias sindicales de realizar acuerdos bilaterales con el gobierno, donde cada uno busca por su lado alcanzar pequeñas reformas. Nuestra principal tarea sigue siendo impulsar la unidad de los distintos sectores para organizar y fortalecer la lucha contra los ataques.
La guerra que ha orquestado el gobierno contra los trabajadores y el pueblo debe encontrar una fuerte resistencia. Para eso requerimos de la unidad de todos los sectores, que preparen una gran huelga general con métodos de lucha más fuertes, que se plantee la derogatoria del Plan Fiscal y por un llamado al no pago de la deuda.
