El martes 26 de mayo del 2020 ha sido un día histórico para Costa Rica, donde un sector de la población celebra con mucha emoción la aprobación del matrimonio igualitario y llega a ser el país número 29 donde esto es posible.
Esa emotividad se debe a que ha sido un camino largo y escabroso, pues debido a la discusión y lucha durante muchos años a través de marchas, manifestaciones y trámites por la vía institucional en relación a este tema y otros más sobre los derechos humanos y discriminación a la población sexualmente diversa, el 24 de noviembre del 2017, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, le solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo la opinión consultiva OC 24/17, que emita criterio sobre “Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo”.
Fue el 09 de enero del 2018 que la CIDH dicta a favor del reconocimiento e igualdad de derechos en ese respecto. A pesar de esto, en la Asamblea Legislativa hubo una gran oposición para la ejecución inmediata y aunque debe ser de acatamiento obligatorio, es remitido a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que este órgano determinara cómo y cuándo se aplicaba. A partir de ahí el 08 de agosto del 2018 se ordena que los diputados tendrían hasta febrero del 2020 para aprobar las reformas legales necesarias en la puesta en marcha del matrimonio entre parejas del mismo sexo, o de lo contrario, se aplicaría lo dicho por la CIDH. Es decir, este pequeño gran paso se da en medio de una actitud pasiva y a regaña dientes de los poderes del estado.
Esto significa que las parejas homosexuales podrán, al igual que las heterosexuales, gozar de los mismos derechos civiles y políticos en cuanto a convivencia, herencia de bienes, salud, economía, etcétera.
Pero es importante recordar que esto no lo es todo. Si bien representa un avance en los derechos democráticos de la población LGBTI, faltan muchísimos más pasos para hablar de una completa igualdad de derechos humanos. Por ejemplo, la comunidad trans, sector ampliamente discriminado, incluso dentro de la misma comunidad diversa, logró con base en esa misma opinión consultiva que se cambiara el dato del sexo en el documento de identidad, aunque el TSE simplemente omite ese dato a partir de ese momento, pero el cambio del sexo registral según se autoperciba el individuo sigue en debate.
Por esa razón es necesario seguir en ese proceso de organización y lucha para continuar ganando más derechos para la comunidad LGTBI, pero también para el resto de sectores oprimidos, como las mujeres, los negros, personas con discapacidad, indígenas, migrantes, entre otros. Y esa unidad debe ser también de conjunto con el resto de la clase trabajadora, pues no son ajenos unos de otros.
Por eso es urgente que todos los sectores se unan y continuar luchando contra todas las formas de discriminación, que sólo sirven para dividir a la clase trabajadora y así lograr que nos exploten más. Si luchamos por por separado nos debilitamos, pero si como uno solo nos organizamos, la historia continuará cambiando a nuestro favor.
Pero para garantizar la cosecha de más victorias y en igualdad de condiciones, hay que derribar al sistema capitalista e instaurar el socialismo, donde los beneficios, la protección y la equidad son para los que producen la riqueza y no para los grandes dueños de los medios productivos.
