El pasado 30 de enero, renunciaron figuras claves del chavismo: Laura Fernández, Mauricio Batalla y Anna Katharina Müller, quienes, por ley, debían dimitir  para poder encabezar una papeleta en puestos de presidencia o vicepresidencia.

Mientras tanto, Rodrigo Chaves y sus seguidores impulsan un proyecto para consolidar su poder en el Estado. Aspiran a 40 diputaciones con el objetivo de modificar leyes, reformar la Constitución y controlar la renovación de la del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República.

Su referencia política es el gobierno de Nayib Bukele, que hoy gobierna de manera autoritaria en El Salvador tras haber logrado justamente los objetivos de poder que  se plantea el Chavismo.

¿Para qué quieren llevar adelante ese proyecto chavista?

Desgraciadamente, su objetivo no es beneficiar a la clase trabajadora, sino favorecer a grupos empresariales con negocios como el 5G, la privatización de los servicios de la CCSS, las tierras costeras, la privatización de la generación eléctrica, y la venta del BCR, el INS y la FANAL, además de impulsar la flexibilización laboral para aumentar la explotación en las empresas.

Todos estos proyectos han sido impulsados por el Chavismo en los últimos tres años, pero su principal queja es que «no han podido gobernar», lo que en realidad significa que no han podido acelerar su proyecto privatizador y antiobrero a la velocidad que los sectores empresariales les exigen.

Las y los trabajadores tenemos el reto de no caer en la trampa de pensar que las voces del Chavismo representan a nuestra clase o que los cambios que prometen son para nuestro beneficio. Lo que realmente ocultan es un proyecto que busca entregar grandes negocios al sector empresarial que respalda y financia su proyecto político.