La deuda del Estado ya alcanza los ₡32,1 billones. Tres cuartas partes se deben a bancos y otros acreedores privados dentro del país, y el Gobierno sigue aumentándola año tras año.

Lo más grave es que casi la mitad del presupuesto nacional se va en pagar intereses. Ese dinero podría usarse para construir hospitales, escuelas, viviendas de calidad para la clase trabajadora y mejorar otros servicios públicos como combatir las presas en carreteras, agilizar los trámites judiciales.

Si esa deuda se repartiera entre los cerca de dos millones de personas trabajadoras del país, a cada una le tocarían más de ₡15 millones. Una persona con salario mínimo tendría que ahorrar todo su sueldo durante más de tres años para reunir esa cantidad.

Mientras tanto, las grandes empresas siguen recibiendo exoneraciones o pagando menos impuestos. Al final, quienes cargamos con el peso de la deuda somos las personas trabajadoras.

Esta deuda parece un pozo sin fondo. Rodrigo Chaves en su papel de ministro de Hacienda habla de recortes a todas las instituciones, más controles para la población trabajadora con el uso de Sinpe para hacer pagos y transacciones. 

Pero cuando se trata de cobrarles más a los grandes grupos empresariales o revisar las millonarias exoneraciones fiscales, ese discurso desaparece, ahí les tiembla la mano y prefieren hacerse de la vista gorda.

 Otra vez, quienes terminan pagando la cuenta somos quienes vivimos de nuestro trabajo.