Recientemente fue anunciada la renuncia del Ministro de Trabajo, Víctor Morales, ante el escándalo desatado por la contratación que hizo de su sobrina en su propio despacho.
Como partido repudiamos este uso corrupto de los puestos de elección popular para el favorecimiento personal y familiar. El hecho, denota que el continuismo de este gobierno también se extiende al ámbito de las prácticas políticas deshonestas.
Por sí este argumento no bastó para justificar la renuncia de Morales, su gestión reúne otros mucho más contundentes, que nadie se ha molestado en mencionar.
Durante dos años este ex jerarca se dedicó a atacar de mil y un maneras las conquistas salariales de los empleados públicos, en especial las convenciones colectivas.
A parte de las múltiples denuncias con las que busca renegociarlas y recortarlas, también se encuentra el dictamen de setiembre 2015 que disuelve las convenciones colectivas no renegociadas en el plazo de un mes.
Sumado a esto tuvo una gestión completamente pro empresarial que buscó cargar las pérdidas de los empresarios en el marco de la crisis económica sobre los hombros de los trabajadores.
Se quedó de brazos cruzados mientras decenas de empresas despedían masivamente a sus trabajadores, maquillando sus números para argumentar que estaban en quiebra. En la Comisión Nacional de Salarios mantuvo una política de 0 aumento salarial que hunde a cada vez más familias trabajadoras en la miseria.
También se hizo de la vista gorda ante las crecientes violaciones de los derechos laborales más básicos por parte de los empresarios, e impulsó la aprobación de la reforma procesal laboral que mete gravísimas trabas al derecho de huelga tanto en el sector público como en el privado.
Para cerrar faltaría denunciar que fue un paladín de los principales reclamos e intereses de la UCCAEP en el gobierno.
Ante esta salida creemos que vale la pena responder en voz alta lo que muchos se deben estar preguntando. ¿Bastará un reemplazo para cambiar la gestión pro empresarial del Ministerio de Trabajo?
Para algunos dirigentes como Albino Vargas de ANEP, quién fue además uno de los denunciantes del nombramiento, parece que sí.
Este dirigente celebró la salida de Morales argumentando que el jerarca ‘’ya no tenía más espacio político’’ y que había tenido ‘’un distanciamiento del movimiento sindical’’ y una ‘’proclividad al empresariado’’.
También sugirió que su sucesor sea una persona que propicie acuerdos directos entre trabajadores y patrones al resguardo de la nueva reforma procesal laboral (Columbia, 16 de Marzo). A partir de estas declaraciones daría la impresión de que todo lo que se necesita es un ministro que ‘’equilibre’’ entre los reclamos de la parte trabajadora con la parte empresarial y que se apoye en la reciente reforma procesal para impartir justicia.
Para nosotros ningún nombramiento que haga el gobierno vendrá a cambiar la cruda realidad de explotación, abusos y miseria salarial de la clase trabajadora. Mucho menos a partir de la reforma procesal laboral que restringe y complica el ejercicio del derecho de huelga para los trabajadores.
La gestión de Morales no es más que la expresión de toda la política pro empresarial de Solís en plena crisis. No es que Morales tenía ‘’proclividad’’ al empresariado, sino que es parte de un gabinete que está a su servicio.
Aunque esta diferencia con la ANEP pueda parecer minúscula, creemos que en sus efectos prácticos es muy importante. Por meses las dirigencias sindicales de los dos principales bloques del país han apostado por el diálogo con el gobierno como salida a los principales problemas y ataques que sufre la clase trabajadora.
A pesar de que el gobierno confirma con cada ataque, su carácter entreguista y neoliberal, hasta ahora estas dirigencias han seguido alimentando ilusiones a sus afiliados y al pueblo respecto a este.
Las ‘’sugerencias’’ de Albino, respecto a las cualidades del nuevo Ministro y sus alabanzas a la nueva reforma procesal laboral como garante de justicia laboral, son otra forma del dirigente para decir que basta con que el gobierno quite a Morales, para que el ‘’diálogo’, entre los trabajadores y los empresarios, y entre el gobierno y los sindicatos, se pueda retomar y se resuelvan todas las injusticias.
Esta política de llamar a confiar en el gobierno y esperar pasivamente el fruto del dialogo, mientras este y los empresarios golpean con todo lo que tienen, es el peor enemigo que la clase trabajadora tiene actualmente. Es incluso peor que Morales o cualquier otro ministro que puedan nombrar.
La misma respuesta política ante la renuncia de Morales la tenemos en el Frente Amplio. En el perfil de su Juventud (JFA) plantean que ‘’se abre una posibilidad de que esa cartera sea ocupada ahora por alguien que por lo menos sea fiel a nuestra legislación vigente y que utilice los dos años restantes de «gobierno de cambio» para experimentar unas gotas de justicia en las casas de los que más la necesitan’’.
Para el Frente Amplio también se trata de pedirle al gobierno de Solís que ubique a un ministro ‘’diferente’’ que no ‘’decepcione’’ como Morales. Sintonizados, la ANEP y el FA siguen llamando al pueblo a contenerse en su descontento y lucha, para darle un espacio al diálogo y al cambio del gobierno que no termina de llegar.
Solo la movilización unificada de la clase trabajadora, del sector público y privado, con un plan que enfrente al capitalismo en crisis, puede frenar el deterioro del nivel de vida del pueblo en Costa Rica y resolver la crisis fiscal a su favor.
Solo el impulso a la organización sindical en el sector privado, la defensa del derecho de huelga y su ejercicio le permitirá a los trabajadores superar las condiciones de esclavitud a las que el gobierno y los empresarios los tienen sometidos en la empresa privada.
