En las primers semanas del mes de marzo el proyecto de Ley de Empleo Público avanza hacia su eventual aprobación en la comisión legislativa y posterior discusión en el plenario de la Asamblea. Un coro de intereses empresariales viene sumando sus voces desde hace años para que se apruebe una ley que lo que busca es terminar de empeorar las condiciones laborales de los empleados estatales, ya de por sí duramente afectadas por la reforma fiscal aprobada en 2018 y por las medidas de recorte implementadas por el gobierno desde inicios de la pandemia (congelar aumentos anuales, suspender el pago de anualidades, congelamiento de plazas, entre otras).
La UCCAEP, el FMI y el gobierno de Alvarado que les representa están empeñados en seguir atacando los derechos labores y en desmantelar los ya de por si maltrechos servicios públicos. En esta cruzada cuentan con los grandes medios de comunicación que han intentado por todos los medios enfrentar a trabajadores privados contra trabajadores públicos, presentando a estos como privilegiados y logrando con ello que la atención no se centre en los privilegios de los grandes ricos del país que son los verdaderos responsables de la crisis fiscal y que evitan por todos los medios cualquier medida que afecte sus grandes ganancias.
La eventual aprobación de la Ley de Empleo Público significaría una gran derrota para toda la clase trabajadora del país, que se sumaría a otros golpes muy duros como la reforma fiscal del 2018 o la ley anti huelgas del 2019. Con ella la agenda de la UCUAEP y el FMI avanza a pasos agigantados sin que haya una perspectiva clara de salir a la calle para responder esos ataques.
Las respuestas de las organizaciones sindicales hasta ahora sigue siendo la misma que condujo a la derrota del 2018. Acciones aisladas y sin ningún plan de continuidad de la lucha que lo que hacen es desmotivar aún más a las bases sindicales que fueron muy golpeadas en las huelgas pasadas, las dirigencias sindicales lejos de animar a encauzar la lucha a las calles se muestran complacientes con el gobierno y se niegan a reconocer su propia incapacidad de dar una lucha seria frente a estos ataques.
La reforma fiscal del 2018 nos demostró que no se puede confiar en la Asamblea Legislativa y mucho menos en el Poder Judicial que le dio la aprobación constitucional a esta nefasta ley. Pero hoy un gran número de dirigentes sindicales siguen apostando por esas vías institucionales, mientras que partidos como el Frente Amplio alientan esperanzas de que la acción de un diputado puede frenar el avance de estos proyectos.
El Frente Amplio y su diputado Villalta intentan presentarse ante los trabajadores públicos como sus genuinos defensores mientras tratan de “esconder bajo la alfombra” su participación en el actual gobierno hasta hace muy pocas semanas. De nada sirven algunos discursos de su diputado en una coyuntura donde se reformo el derecho de huelga mientras el mismo Frente Amplio en la figura de Patricia Mora hacía parte del gabinete de Carlos Alvarado.
Paso la reforma del 2018 con todo IVA, se reprimió por parte del gobierno las manifestaciones de 2018 contra esa ley o las del 2020 contra el FMI mientras Patricia Mora seguía en su puesto, al cual renunció apenas a inicios del 2020 para cumplir con requisitos formales frente a su eventual candidatura por parte del Frente Amplio. Con aliados así la clase trabajadora es llevada nuevamente al camino de más derrotas.
Hoy la perspectiva es muy compleja, aunque aún hay salidas para hacerle si de verdad las dirigencias sindicales quisieran luchar de forma coherente. Estamos a las puertas de que se apruebe la peor contra reforma laboral en el empleo estatal, esto nos demanda hacer conciencia de esa difícil situación y sobre la necesidad de salir a luchar siguiendo el ejemplo de los estudiantes de secundaria que en 2019 lograron paralizar el país para hacer sentir.
Sin bien hay mucho desconcierto y desazón entre las bases sindicales, lo cierto es que estas ya han demostrado que son capaces de resistir heroicamente. Pero ante los recientes tragos amargos y la repetitiva estrategia desmovilizadora de las dirigencias las condiciones se han puesto cuesta arriba sin que las burocracias sindicales se muestren preocupadas por cambiarlo.
Nosotros desde el Partido de los Trabajadores creemos que sin movilización no hay la más mínima posibilidad de victoria, se requiere salir a la calle aún en las difíciles condiciones que tenemos para la huelga. Lamentablemente la actitud de las burocracias sindicales actúa en el sentido opuesto de la lucha y pareciera que más bien intentan colaborar con el gobierno en cavar la tumba donde continúen sepultando nuestros derechos.
Unidad de los trabajadores públicos y privados para resistir, movilización sin ninguna confianza en la Asamblea o el gobierno y denuncia de la actitud traidora de la mayor parte de dirigentes sindicales estatales son acciones indispensables si queremos cambiar el rumbo del partido que vamos perdiendo.
