Todo el número de este periódico está dedicado a explicar la interpretación marxista sobre las libertades democráticas y como aprovecharlas, pero también cuáles son sus límites que estas tienen para lograr una transformación revolucionaria. En una visión simplista de la política, se podría pensar que si la burguesía gobierna, es indiferente que gobierne con una democracia burguesa o con una dictadura, este pensamiento es equivocado. Queremos ejemplificar con el caso nicaragüense, las enormes dificultades que tienen los sectores populares para organizarse bajo una dictadura.
En el 2018, se dio en Nicaragua una revuelta popular, protagonizada por las y los jóvenes universitarios y que fue sumando a amplios sectores alrededor de todo el país, poniendo en jaque al gobierno de Nicaragua presidido por Daniel Ortega, en su segundo mandato desde el 2007. Las primeras acciones se organizaron a finales de marzo e inicios de abril del 2018, por jóvenes ambientalistas que protestaron por la inacción del Estado ante un incendio en la reserva natural Indio Maíz. Unos días después, jóvenes universitarios salieron a las calles a protestar en contra de una Ley de Reforma a la Seguridad Social que bajaba el monto de las pensiones de las personas jubiladas. Ambas protestas fueron duramente reprimidas, a la vez que fueron sumando otras demandas, incluyendo la salida de la pareja Ortega- Murillo del poder.
En este contexto de crisis socio política y represión, 355 personas fueron asesinadas por la Policía Nacional y grupos paraestatales, una gran mayoría de estas personas eran jóvenes e incluso mas de 20 eran menores de edad. El uso brutal y desmedido de armas letales dejó un saldo de miles de heridos. Así mismo se desató una feroz persecusión contra los manifestantes o personas que les apoyaban, que terminaron con la detención arbitraria de cientos de personas. Aunque el gobierno en ese momento echó atrás con la Reforma, el pueblo siguió organizado contra el gobierno, ahora exigiendo justicia por las personas asesinadas, liberación de las y los presos políticos y el cese de todas las medidas de represión. A partir de ese momento, el gobierno intensificó una política de persecución y represión generalizada que se ha ido agravando y persiste en la actualidad. Esta política represiva, tiene un objetivo claro: evitar otra revuelta como la del 2018 y eliminar cualquier posibilidad de organización que cuestione el poder de los gobernantes.
Entre las primeras medidas que tomó el gobierno nicaragüense fue armarse legalmente para reprimir. Al tener una mayoría en la Asamblea Nacional, pudo el gobierno de Ortega aprobar en el 2018 la Ley 977 que legalizó la prisión de personas consideradas “terroristas” entre quienes se encuentran quienes realizan acciones de oposición al gobierno, criminalizando así la protesta social. En años anteriores, esta ley se complementó con otro paquete de leyes como la de Ciberdelitos, la de Agentes Extranjeros y la de crímenes de odio. Todas estas leyes tienen como objetivo controlar la acción de la sociedad civil, o penalizarla cuando no esté acorde a los intereses y lineamientos del gobierno, incluidas las publicaciones en medios electrónicos como las redes sociales.
Amparado en este nuevo marco normativo, hecho a la medida del Estado represor, se han cerrado desde el 2018 a la actualidad más de 5 mil organizaciones de la sociedad civil de todo tipo, entre las que se encuentran organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, ONGs que realizaban labores humanitarias y sociales, Organizaciones de mujeres, asociaciones religiosas, cámaras empresariales, entre otras. El más reciente cierre de organizaciones, se dio en agosto de este año, mediante una directriz del Ministerio del Interior, que ordenó el cierre y confiscación de todos los bienes y propiedades a un total de 1500 organizaciones.
Las posibilidades de organizarse en Nicaragua para realizar cualquier tipo de actividad, ni tan siquiera de oposición, sino con un mínimo de nivel de autonomía e independencia del gobierno, están absolutamente cerradas. En el mismo mes de agosto, el gobierno publicó un nuevo modelo para que las organizaciones que queden en el país estén obligadas a colaborar con las instituciones del Estado.
Las detenciones, hostigamientos, persecución y amenazas no ha cesado. A pesar de que se han realizado varias excarcelaciones masivas, el gobierno sigue deteniendo personas. Recientemente fueron excarceladas 135 personas consideradas presas políticas, y otras 222 habían sido liberadas el año pasado, pero aún quedan alrededor de 40. Pero además, esta liberación no es total, pues ha sido acompañada del destierro y la desnacionalización, lo cual ha sido considerado como una “muerte civil”, ya que las personas están vivas, están fuera de las cárceles, pero no tienen nacionalidad, se borran sus registros civiles en el país, sus registros académicos, sus títulos, se les decomisa sus pensiones y contribuciones de por vida a la seguridad social, desencadenando una serie de violaciones a sus derechos humanos que impacta también a sus familias.
Ante este panorama de cierre total de todos los espacios cívicos, de las leyes represivas que permite juzgar y encarcelar a las personas hasta por sus comentarios en Facebook o una acción artística, del ambiente de vigilancia total en los barrios y advertencias y amenazas que reciben las personas a veces, por el solo hecho de ser amiga o familiar de una persona opositora, miles de nicaragüenses se han visto obligados a salir del país para salvar su vida e integridad física. Del 2018 a la actualidad han solicitado refugio político casi medio millón de personas, lo cual representa el 6.5% de la población. Una buena parte se ha venido a Costa Rica, pero ni siquiera acá o en otros países donde se han exiliado, las y los nicaragüenses se encuentran del todo seguro, ya que el régimen ha extendido sus políticas represivas instalando lo que organismos de derechos humanos han denunciado como una política de persecución transnacional que incluye una Reforma Penal que permite juzgar en ausencia a nicaragüenses o extranjeros, que cometan lo que ellos consideran delitos según sus leyes represivas, es decir, que realicen alguna acción que cuestione las políticas del gobierno nicaragüense. Este tipo de leyes tiene como fin acallar a las voces de las personas defensoras de derechos humanos que han continuado denunciando la situación en Nicaragua desde el exilio, pero también amedrentar atemorizar a la población en general para que no se atreva a disentir, organizarse ni expresar el más mínimo descontento frente al gobierno.
