Durante los últimos meses el gobierno de Solís se ha decidido por aumentar la apuesta en sus ataques contra el sector público y la clase trabajadora en general.
Esto se mostró con mayor claridad luego del fracaso en la convocatoria de las huelgas convocadas por BUSSCO (APSE, UNDECA) el 16 de Octubre y por Patria Justa (ANEP, FIT-ICE) el 26 del mismo mes. En el caso de esta última fue evidente como el gobierno pudo apoyarse en una opinión pública hostil a las movilizaciones sindicales y emplear la represión de la fuerza pública ocupando la refinería y los muelles para evitar su paralización.
Más recientemente Solís logró encaminar su presupuesto de recortes de 2016 para su aprobación en la legislativa gracias al apoyo del Frente Amplio y al del PLN. Este último se puso del lado del gobierno conformándose con los 40 mil millones de recortes extra que le prometió aplicar avanzado el próximo año.
La generalizada ofensiva contra el pueblo avanza también en el plano de las convenciones colectivas. Los pronunciamientos de la Sala IV y la última directriz del Ministerio de Trabajo que permite extinguir una serie de Convenciones Colectivas que sean denunciadas y no se renegocien en un mes, ya están sirviendo de palanca para recortar conquistas o inclusive eliminar Convenciones, tal y como pasó en la Municipalidad de Montes de Oca.
Pero sin duda la mayor ventaja de la que se viene aprovechando este gobierno es la del clima anti sindicatos y anti movilizaciones que se ha venido imponiendo en el país, principalmente de la mano de los medios de comunicación. Este clima ha responsabilizado a las Convenciones Colectivas de la crisis económica y fiscal que afecta a los trabajadores, de esta forma divide a la clase trabajadora, colocando a la gran mayoría del sector privado contra el sector público.
Sin embargo, hay que decir que los ataques al sector público no le han garantizado más empleo o mejores aumentos salariales a una clase trabajadora que cada vez vive peor en esta crisis. Tampoco han fortalecido la salud y la educación que siguen deteriorándose.
Estos ataques a los trabajadores del sector público son cortina de humo para que los empresarios sigan evadiendo impuestos, disfrutando de jugosas exoneraciones fiscales y hasta de proyectos de ley que les dan millones para sacarlos de sus deudas.
Al contrario, el gobierno y los empresarios han sabido aprovechar esta división para imponer congelamiento en las negociaciones salariales del sector privado e intentar meterle impuesto de ventas (IVA) a la canasta básica. Aunado a esto, el gobierno se deja decir que la economía se recupera, cuando los trabajadores siguen sumidos en el desempleo y el empleo sin derechos.
En esto las dirigencias sindicales tienen gran responsabilidad pues omiten incorporar los reclamos de los trabajadores del sector privado y todo ha sido hacer huelga para negociar diálogo y migajas con el gobierno mientras reciben palo.
A pesar de todo el pueblo trabajador sigue dando muestras de unidad y combatividad. En Puntarenas por ejemplo, vecinos y trabajadores de la salud se tomaron la clínica San Rafael para exigir contratación de más personal y equipo; así lo hicieron también los de la Maternidad Carit que se fueron a huelga por las mismas razones.
Llamamos a los sindicatos, asociaciones vecinales, estudiantes y pueblo en general a seguir estos ejemplos de unidad entre el sector público y privado para resistir los ataques del gobierno y los patrones y luchar por que sean estos últimos quienes paguen por la crisis y no el pueblo.