Por: Pabel Bolivar
El gobierno de Carlos Alvarado firmó un decreto donde suspende los aumentos salariales en el sector público durante los próximos cuatro años, con lo cual 320 mil familias se verán perjudicadas. Según el ministro de Hacienda Elián Vega, con esta medida, el gobierno le quitará a los trabajadores públicos 23 mil millones por año y 92 mil millones en total para 2024.
Más allá de que los aumentos salariales llevados a cabo cada seis meses son insuficientes y negociados a espaldas de los trabajadores entre el gobierno, la patronal y las dirigencias sindicales, no deja de ser una severa medida que se suma al recorte de incentivos.
Conserjes, agentes de seguridad, cocineros, cuyos salarios apenas superan el mínimo serán los más afectados. A ellos hay que añadirle que gran parte de los sueldos de los empleados estatales apenas supera el medio millón, por lo que el congelamiento por cuatro años precarizará sus condiciones de vida.
Esta medida demuestra la hipocresía del gobierno que en las conferencias de prensa destaca la labor de los trabajadores de la salud llamándolos héroes, pero por otro lado ataca el salario de enfermeros, médicos y demás trabajadores que hoy están en primera línea enfrentando la pandemia.
El ministro dice que debido a la crisis generada por la pandemia la deuda supera el 60% del PIB, lo cual impide otorgar aumentos. Es decir, prefieren seguir pagando los intereses de la deuda a garantizarle un salario digno a las y los trabajadores.
En momentos de pandemia son los trabajadores públicos quienes están garantizando la vida y sosteniendo al país, pero a cambio solo reciben ataques a sus condiciones de vida. Es hora de movilizarnos para que sean los grandes empresarios quienes paguen por la crisis; por eso decimos que la solución pasa por exigir cuarentena para todos con salario completo pagado por los empresarios, sin quitarle un solo cinco a los sectores populares.
