Al redactar esta editorial el gobierno y las dirigencias sindicales negocian un “preacuerdo” que, según los noticiarios, mantiene el proyecto del Combo Fiscal en la Asamblea a cambio de una mesa multisectorial para incluir ciertas reformas en el proyecto.
Aunque todo esto aún está por concretarse creemos que es un buen momento para reflexionar sobre el efecto de esta huelga sobre la lucha de clases en el país.
La presente huelga clausura un periodo en el que el PAC aplicaba la agenda del imperialismo y los empresarios de cara a la crisis en pequeñas dosis y mantenía a raya la lucha social gracias a la conciliación con las dirigencias sindicales y la colaboración del Frente Amplio.
Fue un periodo en donde ataques como los congelamientos salariales, los recortes presupuestarios, la concesión a APM Terminals, la negociación a la baja de ciertos artículos de las convenciones colectivas y la aprobación de la reforma procesal laboral, hoy clave para romper la huelga, fueron aplicados sin demasiada alteración a la llamada paz social.
Los acontecimientos en desarrollo abren una nueva etapa de lucha de clases en el país, muy similar a la que había durante el gobierno de Chinchilla pero con mucha mayor crisis social y enfrentamiento de los empresarios y sus gobiernos con la clase trabajadora.
En primer lugar, el gobierno y los demás partidos proempresariales están abocados a aprobar un proyecto como el 20.580 que reúne gran parte de los ataques pendientes para la burguesía en los últimos 10 años.
En segundo lugar, están impulsándolo por vía rápida en la Asamblea y se han mostrado dispuestos a reprimir la huelga y los bloqueos a fondo y por todos los medios posibles.
Tercer lugar y más importante, dicho ataque fue respondido con una huelga indefinida que puso a cientos de miles de empleados públicos en las calles por dos semanas.
La huelga ganó la simpatía del sector privado que se sumó a las manifestaciones y bloqueos fuera del Valle Central; expresó el repudio popular contra el Combo Fiscal y terminó de desnudar al PAC como gobierno represor y neoliberal. Volvió a colocar los bloqueos como método de lucha legítimo y necesario a nivel nacional, algo que no ocurría desde la época del Combo del ICE.
También agotó la vía de la conciliación a las que las dirigencias sindicales y el Frente Amplio continúan apostando. Sacó a luchar en masa al sector púbico y en menor medida al estudiantado universitario, cuando ambos habían estado adormecidos por la falsa ilusión de cambio del gobierno PAC. La huelga también dejó claro que el campo de batalla real en donde se define quién va a pagar por esta crisis fiscal está en las calles y no en las mesas de diálogo ni en los despachos legislativos.
A pesar de todo esto, el Frente Amplio siguió siendo parte de gobierno. Las dirigencias de la Unión Sindical siguieron buscando la conciliación y no la derrota de Alvarado. Apostaron por mociones de reforma al proyecto en lugar de su entierro. En lugar de multiplicar bloqueos luego de la represión, optaron por renunciar a los mismos. Mientras el pueblo quiere luchar, ellos siguen buscando pactar.
Desde el PT creemos que bloqueos como los de Barranca, Zona Sur y Limón, en donde estudiantes, sector público y trabajadores del sector privado se fundieron en la calle marcan el camino en este nuevo momento.
Por eso nos empeñamos en lograr que los obreros del sector privado salgan a luchar junto al sector público por todas sus reivindicaciones y por un plan socialista y de la clase trabajadora para resolver esta crisis que seguirá provocando enfrentamientos.
