Recientemente entró en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que incluía un gran combo de ataques como la aplicación del 13% del IVA o el recorte a los derechos de los empleados públicos. Pero junto a esto, la clase trabajadora ha venido sufriendo una serie de embates del gobierno desde que este inició sus labores hace poco más de un año.
Las condiciones del pueblo han venido empeorando, alcanzando niveles de desempleo del 11,3%, es decir 3 puntos porcentuales más alto que hace un año. Más que solo números, estas estadísticas representan a muchas más familias que se enfrentan a la desesperación de no contar con ingresos para hacer frente al costo de la vida que se encuentra cada vez más alto.
Los esperados efectos de la Reforma Fiscal solo servirán para que el gobierno pueda seguir financiando nuevas formas de endeudamiento, pero significará una desmejora en las condiciones de vida de la clase trabajadora. El mismo presidente del Banco Central declaró que la Reforma Fiscal no tuvo el efecto esperado sobre la inversión interna y menos aún en el ánimo consumidor, lo que hace que la economía se mantenga frenada, con una tasa proyectada de crecimiento del 2,2%. Esta es la menor cifra desde la crisis internacional que golpeó a la economía del país entre los años 2008 y 2009.
Esto hace que la situación se vuelva insostenible, y ha dado paso a las crecientes expresiones de conflictos en distintos sectores. Pero mientras la situación se vuelve más dramática para los trabajadores, los grandes empresarios siguen gozando de las exoneraciones fiscales, y siguen saliendo casos que revelan los ligámenes entre empresarios y políticos para gobernar a su beneficio. Tal es el caso de ALDESA, que contaba con una deuda millonaria en impuestos mientras Edna Camacho, Ministra de Hacienda en ese momento, promovía las exoneraciones que le beneficiarían al negocio de su esposo, presidente de este grupo empresarial.
La dirigencias políticas y sindicales deben romper con el Gobierno
En el marco de la convulsa situación política, las dirigencias sindicales y organizaciones políticas están recibiendo también cuestionamientos de sus bases.
Recientemente la Asamblea Nacional del Partido Frente Amplio rechazó la decisión de unirse al PAC en acuerdos bipartitos para la participación en las elecciones municipales. La Asamblea argumentó que había un “vuelco derechista que ha sufrido el Partido Acción Ciudadana” y que el Gobierno le ha entregado “toda la agenda económica a la extrema derecha”.
Pero mientras la Asamblea Nacional rechaza la unidad con el PAC, la dirigencia del FA se mantiene firme en su postura de conservar a Patricia Mora en el INAMU. El diputado Villalta ha dicho que espera que el Gobierno “recupere el equilibrio”, como si ellos no fueran parte de los responsables de las políticas implementadas en el último periodo, al asumir su participación dentro de lo que denominaron el “Gobierno de Unidad Nacional”.
Esta misma línea de “confianza” con el Gobierno, es la que han promovido las dirigencias sindicales, que han apostado a las mesas de negociación, intentando hacer enmiendas a proyectos de ley que representan una verdadera amenaza contra los derechos de la clase trabajadora.
Nuestra fuerza como trabajadores no está en las mesas de negociación ni apostando a mejoras en el marco legal. Ese no es nuestro terreno, sino el de la burguesía. Nuestra fuerza se encuentra en la unidad de la clase trabajadora, y es a organizar esa gran fuerza a lo que deberían apostarle las dirigencias sindicales.
Para ello es necesario que se organice un gran encuentro de luchadores que pueda discutir una agenda que haga frente a la guerra que ha declarado el Gobierno contra los trabajadores. Este plan de lucha debe incorporar el llamado a una huelga general y la inmediata suspensión de los pagos de la deuda pública para que la crisis la paguen los ricos y no los trabajadores.
