16 nov (SocialismoHoy.com) – En el último mes las lluvias hacen evidente el deteriorado estado de las calles, de las alcantarillas y de la obra pública en general en el país. Casi todas las semanas vemos cómo las calles de San José se inundan y la única respuesta de la actual alcaldesa es culpar al mal tiempo o a la basura generada por los peatones.
Pero lo cierto, es que esta situación no solo se viven en la capital, ni son un problema reciente. La obra pública del país tiene décadas de deterioro: las alcantarillas pluviales no dan abasto para la totalidad de la población, el alcantarillado de aguas negras es inexistente en la mayoría del país, puentes que cumplieron su vida útil hace décadas a diario atentan contra la vida de los pobladores, aceras y parques se encuentran en abandono en los barrios populares y ni mencionar el pésimo estado de calles y carreteras.
Solo en el tema de las calles, según Laboratorio Nacional de Materiales y Medición de Estructuras (LANAMME) de la UCR, en el 2013 más del 64% de las carreteras del país están en mal estado.
La época lluviosa en el país es de sobra conocida en sus efectos, pero es por la falta de inversión en obra pública que ocurren cosas como las inundaciones de calles o desastres como derrumbes o caídas de puentes que en otros años le han costado la vida a personas.
El modelo de concesión de obra pública es corrupción
Desde décadas anteriores, los gobiernos de turno se han dedicado a reducir la contratación de personal en las instituciones que se dedican a mantener y construir la obra pública del país. Mientras por otro lado, han alentado el negocio de las grandes empresas constructoras como MECO o H. Solís, entregando la construcción de obra en concesión.
Este modelo de entrega de obra pública, ha sido el responsable de los mayores escándalos de corrupción, estafa con fondos públicos y proyectos desastrosos. Basta con mencionar el negocio de OAS con la inexistente ampliación de la carretera a San Ramón, el gran desfalco de la Trocha Fronteriza, el multimillonario negocio de la Ruta 27 y el eterno puente de la platina.
El último ataque a la obra pública, es la recién aprobada Ley 18001 que transfiere las funciones de mantenimiento de red vial cantonal del MOPT a la Municipalidades. Esta ley, si bien transfiere 63 mil millones de colones a los municipios, no garantiza que estas instituciones puedan contratar personal y adquieran maquinaria para sostener la obra pública; sino que todo lo contrario, apuesta a que las municipalidades sean pequeños centros de concesión de obra pública a las cinco grandes empresas que ya controlan las construcciones del estado.
Y por otra parte, al transferir las responsabilidades del MOPT, más de 1300 trabajadores ven en riesgo su trabajo, por lo que significaría una estocada más encaminada al cierre de las instituciones estatales.
Es urgente más obra pública, pero estatal y fiscalizada por el pueblo
Es urgente retomar la inversión en obra pública para mejorar la calidad de vida de los trabajadores que viven en los barrios más pobres. Pero la obra pública debe ser construida según la necesidad real de la población y no según los intereses de las grandes constructoras.
Por eso desde el Partido de los Trabajadores, creemos en impulsar un plan de obras públicas en manos del Estado. Hoy, en medio de la discusión sobre elecciones municipales, nosotros seguimos levantando la consigna de invertir en los barrios pero sin concesionar servicios. Por eso la construcción y mantenimiento de carreteras debe quedarse en manos del estado, devolviendo al MOPT sus funciones bajo fiscalización popular.
Consideramos, que para que toda la obra pública se adapte a las necesidades de la población, deben ser los mismos pobladores organizados en comités populares, quienes tomen la decisión de cuáles proyectos y con qué presupuesto ejecutarlos.
Sólo así lograremos que las municipalidades destinen sus recursos al mejoramiento de parques, centros recreativos, casas culturales, guarderías y comedores municipales, construcción de obras que prevengan desastres naturales como muros de contención en barrios de riesgo, compra de mejores equipos y contratación de personal para los servicios municipales como aseo de vías y recolección de basura.
Un plan amplio de inversión requiere de una lucha por mayor presupuesto para municipalidades. Y esto se logra impulsando a nivel nacional que las grandes empresas paguen impuestos para financiar las obras de todos los cantones del país, eliminando la desigualdad entre los presupuestos municipales.
Para evitar más desastres naturales, inundaciones y falta de espacios públicos, es el pueblo trabajador el que debe poder decidir y fiscalizar dónde y cómo se invierte el presupuesto municipal.
