Por: Pabel Bolívar
Cada día que pasa la situación de la provincia se agrava. Ahora, tras la entrega de la terminal de contenedores de Moín a la transnacional APM, JAPDEVA tiene un “hueco financiero” de ₵2700 millones y el gobierno no ofrece una solución. En los hechos, y aunque lo nieguen, conducen a la estatal portuaria al cierre técnico.
La realidad es que JAPDEVA no genera ingresos porque el contrato de concesión a APM le prohíbe recibir embarcaciones. Mientras hay furgones que esperan 36 horas para ingresar a APM, los puertos administrados por JAPDEVA lucen vacíos.
Los defensores de APM (UCCAEP, diputados, los gobiernos del PLN y PAC) prometieron desarrollo y eficiencia, pero solo hemos visto inoperancia y pérdidas para el país: contenedores que caen al mar, fallas eléctricas y total incertidumbre sobre el destino del canon anual de 30 mil millones de dólares que debe transferir APM a JAPDEVA.
En la urgencia que tienen los trabajadores limonenses para encontrar una salida a la crisis, es necesario no cometer los mismos errores de luchas pasadas. En 2014, en el marco de un llamado a huelga, el Frente Amplio fue el mediador para sacar la lucha de las calles y llevarla al terreno del diálogo.En ese momento el FA tenía 9 diputados en la Asamblea, y en lugar de aprovechar esta influencia para fortalecer la lucha, sirvió de aliado del gobierno para aprobar la concesión.
Desde el Partido de los Trabajadores reiteramos que la única salida es la lucha. No se debe depositar ninguna confianza en las salidas antiobreras que propone el gobierno; exigimos al FA y a las dirigencias del movimiento sindical y popular, empezando por SINTRAJAP, responder con movilización los intentos de Carlos Alvarado por desmantelar JAPDEVA.
