En un momento donde crece la violencia en todo el país el gobierno anuncia duros recortes destinados a la educación y la cultura. Estos dos sectores son claves, no solo por ser un derecho humano fundamental, sino porque son los dos campos centrales para enfrentar la crisis social con medidas que no apuesten por más represión.
Para este 2023 en educación se estimaba un faltante ¢200.000 millones, en los rubros de transferencias, remuneraciones, comedores, transporte y becas; siendo ya el presupuesto más bajo de 2015. Donde ya faltaba plata ahora Chaves propone recortar 3200 millones para destinarlos a seguridad y su plan Costa Rica Segura cuyo centro es una apuesta por endurecer la represión.
Para 2024 el gobierno anunció su intención de castigar al sector educación con una propuesta de recorte de más de 4 mil millones de colones. Las personas trabajadoras de la cultura han enfrentado históricamente condiciones precarias de trabajo y han tenido que lidiar con un escaso financiamiento para sus proyectos, la pandemia llevo a muchos de estas personas y los espacios de difusión autónomos que construyeron al borde la ruina, sino es que desaparecieron; ahora se les quiere rematar recortando un presupuesto ya de por sí insuficiente.
De fondo están las visiones del Banco Mundial que por muchos años aplico Rodrigo Chaves en varios países del mundo, las cuales ven a la educación y la cultura como un negocio privado. También refleja las posturas represoras que creen que las crisis de inseguridad se arreglan con más represión, por lo cual no ven ningún problema que se desfinancien proyectos para promover el arte y la cultura como forma de luchar contra la violencia.
En el caso de cultura varios directores señalaron la paralización o eliminación de muchos proyectos con los recortes solicitados frente a lo cual fueron despedidos de inmediato, por su parte personas y organizaciones ligadas a la cultura denunciaron que estos recortes afectarían la realización de festivales, la contratación de personas ligadas a distintos eventos, becas y proyectos de difusión en las comunidades más vulnerables entre otros efectos.
Desde el PT nos posicionamos en contra de estos recortes y hemos defendido la necesidad de garantizar al menos un 1% del PIB para cultura y un 10% del PIB para educación. La manifestación numerosa del pasado 17 de mayo es una acción correcta, sin a organización y resistencia no será posible detener los duros recortes anunciados.
La unidad de personas y organizaciones ligadas a los sectores de educación y cultura es urgente para luchar contra estas medidas. Desde el PT hacemos un llamado para fortalecer la lucha por una educación pública y por el acceso democrático a la cultura como banderas de lucha.
