El modelo de concesión de obra pública demostró su fracaso tras casi 30 años de implementación en el país. Lo vemos en la ruta 27 que nos costó tres veces más cara, o de manera más reciente, la ampliación de la ruta 32 al capital chino que no lleva ni un 20% de progreso.
Recientemente se dio a conocer que el gobierno, a pedido de las cámaras empresariales, quiere renegociar el contrato de la transnacional APM que administra los muelles de Moín, para bajar las tarifas y costos de operación. A esto la empresa respondió tajante que ya el gobierno conocía estas condiciones del contrato y que ve difícil cualquier medida que ponga en riesgo sus ganancias.
La concesión de obra pública muestra el carácter entreguista de los gobiernos de turno. El gobierno de Carlos Alvarado es fiel defensor de este modelo, que profundiza el sometimiento de la soberanía nacional a los dictados del empresariado y el imperialismo.
La corrupción y el despilfarro que hay detrás de las concesiones es más que evidente porque los políticos entregan miles de millones a grandes empresas, como sucedió con el escándalo de la Trocha en el gobierno de Laura Chinchilla.
Una vez recibido el dinero entregan obras de mala calidad o sin terminar, y violentan derechos laborales, como ocurrió con la empresa MAVACON, que no finalizó infraestructura para el Ministerio de Justicia y Paz.
Es por eso que desde el PT creemos necesaria la ruptura con el modelo de concesión de obra pública y optar por la nacionalización bajo el control de los trabajadores.
Dentro de tres años vence la concesión de la revisión técnica al consorcio español RITEVE SYC, en este caso el Estado puede tomar todos los talleres y equipos y ponerlas a funcionar de modo que beneficie al país y no al gran capital.
Solo con la nacionalización de la obra pública podremos para acabar con la corrupción, tener carreteras, edificaciones de calidad y generar nuevas fuentes de empleo.
