En una nota de la cadena inglesa BBC sobre la participación del FMI en América Latina indicaban que si “se hiciera un concurso de popularidad sobre organismos internacionales es poco probable que el Fondo Monetario Internacional (FMI) resultara ganador)[i]. Esa “baja popularidad” se debe al fiasco que han significado sus políticas y a la dura resistencia que han emprendido los pueblos latinoamericanos contra las medidas impulsadas por el Fondo.
América Latina ha vivido capítulos recientes en esa lucha contra el FMI como la resistencia del pueblo ecuatoriano al acuerdo entre Lenín Moreno y el Fondo o la propia insurrección de abril de 2019 en Nicaragua que tuvo como antesala las reformas al sistema de pensiones pactadas por el gobierno de Ortega y dicho organismo. Más atrás la crisis en Argentina de los años 2000-2002, o la crisis venezolana a fines de los ochentas que llevo a la resistencia popular conocida como el Caracazo, son parte de esas experiencias de duros ajustes y grandes resistencias de los pueblos latinoamericanos que hoy se hace necesario recordar.
Las intervenciones pasadas y recientes de este organismo dirigido por los países poderosos ha resultado un rotundo fracaso y ha significado grandes sacrificios para los pueblos de América Latina y el mundo. De ahí que su “mala fama” elevara a casi un símbolo de la identidad latinoamericana la consigna “FMI fuera de aquí”.
Hoy en plena crisis económica agravada por la pandemia del Covid-19 el gobierno de Carlos Alvarado anuncia un acuerdo de tres años en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) por un monto de aproximadamente USD 1.750. Este acuerdo alcanzado el pasado viernes 22 de enero es presentado por el gobierno como la tabla de salvación ante una crisis profunda con niveles históricos de desempleo (22%), déficit fiscal (8,7% del PIB) y deuda pública (68% del PIB).
Lo que se conoce hasta ahora de lo pactado con el FMI son las mismas viejas recetas que establecen durísimas condiciones de ajuste fiscal y de recortes que terminaremos pagando los trabajadores con grandes sacrificios. En el crédito pactado los fondos que se obtienen a cambio de dichas reformas tampoco van orientados a mejorar directamente las condiciones de vida de las familias trabajadoras, no se van a destinar a generar más puestos de trabajo o a mejorar la salud y la educación, el fin primordial es garantizar es financiar los pagos de la deuda.
Lo que sabemos hasta hoy: ajuste fiscal para los de abajo
El gobierno anunció al menos nueve medidas de ajuste fiscal mediante proyectos de ley presentados al Fondo y enviados a la Asamblea Legislativa para su aprobación[ii]. Dado el fracaso inicial de la propuesta presentada en octubre de 2020, el gobierno se refirió con cautela a este nuevo paquete de medidas y se apresuró a decir que no hay más impuestos para la gente más pobre, así como a indicar que tampoco estaban en juego posibles privatizaciones.
Lo que sí es cierto es que las duras medidas de ajuste van a significar una severa afectación sobre los servicios públicos como la educación. Por citar un ejemplo, los recortes al presupuesto y el congelamiento de plazas en el MEP deterioran las de por sí maltrechas condiciones del sistema educativo público; todo esto mientras el propio gobierno insiste en la importancia de la educación y en la necesidad de retomar las clases presenciales a pesar de que se mantiene la amenaza de la pandemia.
Aunque el gobierno dice que no hay privatizaciones lo cierto es que se saca plata de instituciones públicas como el ICE para financiar la deuda del país. En un momento donde es necesario universalizar el acceso a internet y mejorar las telecomunicaciones para enfrentar las grandes desigualdades desnudadas por la pandemia, la prioridad del ICE será sufragar la deuda del gobierno y no mejorar esas condiciones para las familias más pobres del país.
Otras de las instituciones a las que se les saca plata para financiar la deuda es al INS. Esa institución ya de por sí amenazada por la apertura de seguros pactada en el TLC fue la que hizo el mayor aporte para la atención de la pandemia en 2020; en mayo pasado traslado al gobierno ¢75 mil millones para atender la pandemia y sufragar 200 mil bonos proteger, pero ahora sus utilidades van a ir a parar a la caja única del Estado para que sean devorados por los altos intereses de la deuda.
Así podríamos seguir desgranando cada una de las medidas como la Ley de Empleo Público y sus severas consecuencias para el salario y la estabilidad de los empleados estatales, especialmente de los estratos técnicos que menos ganan. Todas van en la misma línea de ajustar la faja al pueblo y tratar con guantes de seda a los grandes ricos.
La necesidad de una lucha implacable contra los acuerdos con el FMI
El año que recién comienza debería estar marcado por el repudio al plan acordado entre Carlos Alvarado y el FMI.
Los partidos de los ricos y los grandes medios como Teletica o La Nación quieren lavarle la cara al FMI y ocultan el pasado desastroso de las medidas aplicadas por ese organismo en todo el mundo. Nos venden ese acuerdo como la tabla de salvación que necesitamos, cuando en realidad lo que va a provocar es que se agraven los problemas que vivimos.
Lamentablemente en la acera de los trabajadores hay una gran confusión ya que entre los empleados privados ha calado el discurso de los ataques al sector público como salida. Mientras las dirigencias sindicales estatales mantienen una actitud traidora y se cruzan de brazos ante el avance de los ajustes.
Desde el Partido de los Trabajadores repudiamos el acuerdo con el FMI. Creemos firmemente que es necesario seguir el ejemplo de los pueblos de América Latina y salir a enfrentar el ajuste fiscal acordado.
[i] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50031338
