Recientemente, el gobierno presentó su propuesta para el presupuesto nacional 2024 y señala que allí se reflejan “los intereses de la colectividad” porque se aumentan los recursos para seguridad, justicia e infraestructura. Al mismo tiempo, se reconoce que el pago de la deuda pública es un “agujero negro” que se traga la mayoría de los recursos y que obliga a limitar el gasto en todas las demás áreas. Sin embargo, este presupuesto está lejos de acercarse a los “intereses de la colectividad” y, al contrario, demuestra cómo se priorizan los beneficios de los ricos y se olvidan de las verdaderas necesidades del pueblo costarricense.
El incremento en seguridad y justicia está lejos de tratar el problema de la inseguridad desde sus principales causas y, al contrario, es una política de fortalecimiento de las fuerzas represivas y judiciales del Estado para prepararlas de frente a las posibles movilizaciones populares como reacción a los próximos ataques de este gobierno al mismo pueblo, con privatizaciones, recortes, invalidación de derechos, etc. Además, es una política que criminaliza a los eslabones más bajos de las organizaciones criminales (vendedores al por menor) que, al mismo tiempo, son aquellos/as jóvenes que se han encontrado viviendo en un país que cada vez les ofrece menos oportunidades mientras que a los ricos se les llena aún más los bolsillos con beneficios multimillonarios.
En el caso de la infraestructura, el gobierno aumentó el presupuesto del MEP para que inicie un plan de obras públicas (centros educativos), pero hay una gran trampa: se haría mediante el modelo de concesión de obra pública. En este sentido, no hace falta hacer mucha memoria para recordar que este modelo de concesión de obras públicas se ha prestado para que las compañías privadas se enriquezcan corruptamente a la vez que entregan una obra pública de baja calidad para reducir sus costos y aumentar sus ganancias (el caso de MECO y H. Solís son claros ejemplos). No podemos esperar que con los centros educativos sean distintos.
Donde se muestra más claramente la sumisión de este gobierno a los ricos, es en el tema de la deuda pública. Porque, a pesar de que reconocen el pago excesivo de intereses y amortizaciones y las limitaciones (que está llegando a casi el 40% del presupuesto, cerca de 5 billones de colones), no hacen ningún esfuerzo por revisar quiénes se están enriqueciendo con esa deuda y si es realmente es legítimo seguir pagándola. Lo que sabemos hasta el momento, es que desde el 2016 al 2022 el Estado ha comprado bonos a inversionistas locales y extranjeros con los intereses más altos del mundo, que esa deuda ha ido se usado para pagar deuda antigua y financiar concesiones corruptas al sector privado y que, por el secreto bancario, no podemos saber quiénes se están enriqueciendo a costa de nuestros trabajos e impuestos.
Desde el PT, proponemos al movimiento social costarricense la realización de un Encuentro de organizaciones para discutir la necesidad de impulsar una campaña por una auditoria popular a la deuda pública interna y externa, la defensa de las libertades democráticas contra la represión, la exigencia del 8% del PIB para la educación y pago de la deuda con la CCSS y la nacionalización de la construcción de obras públicas bajo control de la clase obrera y no de las empresas privadas para la creación de empleo seguro y digno.
