Por: Jailyn Bans Flores
En días anteriores leí una carta que se titulaba “Deje de decirle a Luis Guillermo idiota” y debo decir que en lo único en lo que tengo acuerdo es con el título, pues considero que llamarlo “idiota” no es la palabra adecuada. Por el contrario, hay que decir abiertamente que Luis Guillermo, así como los políticos tradicionales, sí son los responsables de que la situación de este país se deteriore día a día. Idiota no es la palabra, sino el responsable directo por la crisis.
Empezaré diciendo que las presas que usted y yo vivimos todos los días al ir a trabajar o estudiar no se hacen solo por el clima, ni tampoco porque un conductor se saltó el alto. Las calles de nuestro país tienen años de rezago en mantenimiento, infraestructura, peajes, lo cual se traduce en calles completamente obsoletas para el crecimiento en la flota vehicular.
El argumento para mejorar la infraestructura vial todos lo conocemos: no hay presupuesto. Sin embargo, no dicen que no hay plata debido a la gigantesca cantidad de empresarios y políticos de este país que le adeudan al presupuesto de obras públicas más de 1,76 billones (El Financiero 26 abril, 2016). Sí, a usted y a mí que somos los más perjudicados cuando perdemos horas valiosas sentados esperando a que la fila de carros avance.
Para empeorar la situación, las pocas veces que se arreglan las calles se hace mediante concesiones a empresas privadas como Autopistas del Sol, que como todos sabemos no hizo un trabajo de calidad. Desde que se abrió está en constantes reparaciones que debemos pagar todo el pueblo, pues se necesita más dinero para pagar a otras empresas concesionarias como Constructora Hernán Solís S.R.L., MECO S.A., Quebradores del Sur S.A, Grupo Orosi S.A. y Concreto Asfáltico Nacional S.A. A estas se les otorgó la licitación para el arreglo de vías desde 2009 y han cobrado alrededor de 394 mil millones (La Nación, 29 octubre 2015).
Según el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), para el 2015 ya se había cancelado la mitad de la ruta 27 a solo 6 años de haber firmado un contrato en el que se le daba la concesión por 25 años (La Nación, 8 marzo,2016) . Entonces el dinero para el mejoramiento de las calles está ahí, pero los políticos que dirigen el Estado se lo entregan a las empresas privadas que lucran a costillas del pueblo, que es el que transita por las carreteras nacionales. Por eso el gobierno del presidente Solís es el responsable directo.
En materia de empleo, debemos empezar diciendo el factor educación tiene mucho peso, pues la inversión en este rubro sigue estancada, y es que desde el 2010 no se alcanza el 8% del PIB según lo define la Constitución Política. Aunado a eso, los programas impuestos por el MEP no suplen muchas de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y por eso ellos terminan desertando. Por ejemplo, los programas de lengua extranjera (inglés o francés) no están diseñados para que los estudiantes de verdad aprendan el idioma, al concluir los años de formación primaria y secundaria.
En cuestiones de educación superior apenas 1 de cada 10 estudiantes provenientes de colegios públicos logran entrar a las universidades estatales y una vez adentro se encuentran con un sinfín de trabas; en muchos casos son expulsados de las aulas para salir al mercado laboral sin un título que les respalde y tengan que emplearse en cualquier cosa, para convertirse así en explotados.
El desempleo es importante para este sistema, pues es utilizado como arma por parte de los patronos para atacar los derechos laborales y obligar a los trabajadores a aceptar cualquier sueldo porque “ahí afuera hay gente desempleada que va aceptar cualquier remuneración”. Y mientras tanto, el gobierno y el Ministerio de Trabajo guardan silencio y son cómplices de todas estas violaciones y también del desempleo. Por eso Luis Guillermo y los políticos son los responsables de la alta desocupación.
La investigación que sacudió al mundo, conocida como Pamana Papers, dio a conocer una larguísima lista de funcionarios, banqueros y políticos nacionales como Otto Guevara, Karla González (exministra de Obras Públicas y Transportes), Emilio Bruce (expresidente de UCCAEP) o Eduardo Ulibarri, exdirector de La Nación. Todos ellos destacan por ser grande evasores y los responsables de que hoy día Costa Rica sea un paraíso fiscal para ellos y un infierno para el pueblo trabajador. Esto no va a dejar de pasar si no salimos a luchar.
Nosotras y nosotros como trabajadores somos los principales perjudicados por este sistema. La solución no está en partir o no, porque todos pertenecen a la misma clase social burguesa que a costas de empobrecer al pueblo se reparten grandes sumas de dinero. Nos atacan nuestros derechos, nos hacen perder la vida en embotellamientos viales, en condiciones inhumanas en los trenes, desfinanciando la educación pública, contribuyendo con el desempleo, desfinanciando los centros de cuido y la Caja Costarricense del Seguro Social.
No es el hecho de llamar “idiota” al presidente, a su gabinete o a los diputados; se trata de responsabilizarlos por todo lo que nosotros como trabajadores nos toca sufrir día con día mientras ellos se enriquecen.
Creo firmemente que lo único que nos queda es salir a luchar a las calles a exigir un plan de obra pública, el cual nos brinde infraestructura de calidad y trabajo a todos aquellos que puedan laborar en estas construcciones. Que los ricos, empresarios y políticos paguen todo lo adeudado en impuestos para fortalecer la CCSS, la educación pública y los centros de cuido. Que se respeten los derechos laborales y que nos dejen organizar sindicatos en nuestros centros de trabajo. En otras palabras, que la crisis la paguen los ricos, quienes la generaron, y no nosotros que somos los que producimos la riqueza de este país.
