Por: Matilde Benavides / Secretaría de la Mujer-PT
6 jun (Lucha Mujer) – Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “el aborto terapéutico es aquel que se práctica por indicación facultativa, cuando la vida o salud de la mujer se ve amenazada por la continuación del embarazo o cuando la salud del feto está en peligro a causa de factores genéticos o congénitos” (1). Sin embargo en Costa Rica, en donde solamente el aborto terapéutico es legal, el artículo 121 del Código Penal lo establece como: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.
Sin embargo, esta definición del Código Penal no ha sido acompañada de un protocolo que dé claridad a la aplicación del aborto terapéutico. Es así como en los hechos esta opción es fácilmente negada, ya sea por prejuicios machistas y religiosos de parte de los médicos o bien por miedo a represalias legales a falta de un procedimiento claro. Este es el caso de Ana y Aurora que denunciaron al Estado desde el 2009 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ser obligadas a llevar su embarazo hasta el final, a pesar de que ya había un criterio médico que indicaba que el embarazo significaba un riesgo de salud y que los fetos no sobrevivirían fuera del útero.
Actualmente se está en proceso de elaboración de este protocolo médico para la implementación del aborto terapéutico dentro del marco de lo establecido en el Código Penal. Esto ha generado una respuesta de parte de sectores religiosos y políticos que se oponen a que se norme el aborto terapéutico por miedo a que haya más derechos reproductivos para las mujeres. Las feministas han denunciado además que se les excluyó de la mesa de trabajo sobre el protocolo, junto con los religiosos, como si fuesen equivalentes.
Estado Irresponsable con la Salud de las Mujeres Trabajadoras
Mientras que la CIDH, la OMS y la ONU han solicitado al Estado avances en el tema, inclusive que el criterio de aborto terapéutico se extienda a casos de violación, incesto o malformaciones del feto, al ligarse con la salud física y mental de la mujer. Luis Guillermo Solís ha manifestado que no tiene interés en acatar esas recomendaciones y que el aborto terapéutico solo tiene que ver con la vida de la mujer (una definición aún más conservadora que el mismo Código Penal).
Luis Guillermo Solís además afirmó que el aborto terapéutico, por ley “ya está garantizado”, lo cual es falso. Como lo evidencia la situación actual en torno al aborto terapéutico hay una gran diferencia entre incluir un derecho en una ley y el verdadero ejercicio de ese derecho de parte de la población, razón por la que se hace necesario un protocolo para la aplicación del aborto terapeútico.
A 7 años de las denuncias impuestas en la CIDH, hasta ahora convocan a la elaboración de una normativa técnica para su aplicación, lo que generó que el Presidente llenase de regalos al Papa justificándose por dar este paso. Y no solo eso, también llevó dentro de su comitiva a Paulina Ramírez, la diputada del PLN que le entregó al Papa una carta firmada por varios diputados para “interceder contra el aborto”. Esto último es parte de la alianza despreciable de partidos en la asamblea legislativa para realizar campañas y diversas estrategias en contra de cualquier avance en el tema del aborto, ya sea terapéutico o libre en cualquier condición.
Entretanto, de la convocatoria han excluido a los grupos feministas que además de poseer un amplio conocimiento en el tema, han generado una presión fundamental, por medio de la lucha, para que hoy el Estado iniciara este proceso. Lo cual nos parece totalmente errado. Los únicos que deben quedar fuera, por obvias razones, son los sectores religiosos y machistas que están en contra precisamente de lo que se pretende normar: el aborto terapéutico.
La actitud que ha tenido el Frente Amplio sobre este tema es reprochable y eso a pesar de reivindicarse como un partido de principios feministas. Si bien la diputada del Frente Amplio Ligia Fallas se ha posicionado a favor del aborto, Gerardo Vargas, jefe de fracción del FA había aclarado ante esto que: “En el plan de gobierno no está ni el matrimonio gay ni el tema del aborto, no han estado en nuestra agenda”.
Los partidos en la Asamblea Legislativa exponen con esas posiciones a las mujeres de clase trabajadora a graves riesgos de salud e incluso de muerte. Peligros que no correrán las mujeres adineradas que tienen los medios para viajar a países donde el aborto es legal si así lo deciden.
¡Por Aborto, Libre, Seguro y Gratuito!
Claramente el Gobierno y la bancada legislativa se hacen de la vista gorda con una realidad que ya no puede ser ocultada: las mujeres abortan en todo el mundo y mueren a causa de su ilegalidad. Las mujeres que no pueden realizarse un aborto legal y seguro recurren a abortos clandestinos. Según los últimos datos de la OMS(2) 22 millones de abortos inseguros se realizan por año en el mundo y de ellos 47000 mujeres mueren. Los mismos estudios comprueban que la cifra más alta se encuentra en países, como los de América Latina, en donde hay restricciones e ilegalidad en el aborto y esto se da independientemente de que sean países con creencias religiosas muy marcadas.
No debemos olvidar que son las mujeres pobres las que a falta de educación sexual, anticonceptivos de calidad o a causa del machismo en sus relaciones de pareja o situaciones de abuso sexual, tienen embarazos no deseados que las llevan a abortar en condiciones insalubres. Son ellas las que en un embarazo de alto riesgo no pueden pagar centros privados en donde les realicen abortos para salvar su vida.
Desde Lucha Mujer y como parte de nuestra tradición socialista creemos que la legalidad y la garantía de acceso al aborto debe ir más allá del aborto terapéutico. Las mujeres deben tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad, razón por la que defendemos el aborto libre, legal y gratuito. Tal y como lo fue en Rusia, después de la revolución de 1917, primer país donde las mujeres no sólo alcanzaron la igualdad legal sino también la mayor cantidad de derechos políticos, económicos y sociales, entre ellos el aborto libre.
Por las mujeres trabajadoras exigimos:
¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto, legal, libre, seguro y gratuito para no morir!
¡Las mujeres deciden, la Sociedad respeta, el Estado garantiza, la Iglesia no interviene!
- http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/36997/1/9243544691_spa.pdf
- http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs388/es/
