La ministra de Hacienda Rocío Aguilar anunció el 30 de mayo una serie de medidas que, según ella y el gobierno del PAC, ayudarían a reducir el déficit fiscal del país.
Entre ellas se encuentra el congelamiento de incentivos (anualidades, dedicación exclusiva, carrera profesional) y plazas en el sector público, la renegociación (a la baja) de las convenciones colectivas; se quiere imponer una política de salario único y congelar el presupuesto nacional para 2019.
El gobierno de Carlos Alvarado, aprovechando de la simpatía que despierta entre la población, nos vende la ilusión de que los recortes en publicidad y viajes del gobierno mejorarían la situación económica del país. Desde nuestro punto de vista creemos más bien que la clase seguirá cargando con los costos del déficit fiscal.
Veamos un ejemplo: según la propuesta, a partir de este año el aumento semestral al salario base solo puede ser de 3,700 colones, sin posibilidad de aumentos futuros. Estas pobres alzas no van a alcanzar para llegar a fin de mes porque el costo de la vida sigue aumentando. Solo el mes pasado subió la gasolina, Riteve (12%) y en abril la factura del agua (18%). Es decir, que si no hay aumentos de calidad al salario base ni en los incentivos, pero los servicios básicos suben, va a seguir creciendo la pobreza y la desigualdad.
Además, si no hay un aumento en el presupuesto nacional tal y como lo planteó el gobierno, la salud, educación, atención a la niñez, adultos mayores y mujeres trabajadores va a debilitarse. Es decir, van a recortar todavía más la plata para clínicas, centros educativos, CEN CINAI, o sea, van a seguir las políticas de Luis Guillermo Solís de recortes a los programas sociales.
Este plan, sumado al aumento en el IVA a un 15%, en nada afectará a los verdaderos culpables del déficit fiscal: los empresarios, los políticos corruptos y los altos funcionarios del Estado con salarios y pensiones de lujo.
Solo para darnos una idea, la evasión fiscal llega a 2 billones de colones (5,7% del PIB) una cantidad de dinero similar al déficit fiscal. Ni la reforma fiscal ni estas nuevas medidas contra el sector público ponen en cintura a los grandes evasores.
De hecho, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís se aprobaron 49 nuevos privilegios a los empresarios, el doble de los otorgados por Laura Chinchilla (24) o el segundo gobierno de Óscar Arias (25). Este segundo gobierno el PAC va por el mismo camino, cobrarle la crisis a la clase trabajadora mientras que los ricos siguen evadiendo impuestos y recibiendo más y más beneficios.
Desde el Partido de los Trabajadores creemos que es necesario derrotar estas medidas mediante la lucha y la movilización de toda la clase trabajadora, ya sea del sector público o privado. Llamamos a no depositar ninguna confianza en el gobierno ni en sus mesas de diálogo.
En este marco es urgente construir un plan de lucha obrero y popular que contemple el fin de los privilegios a las grandes empresas, el cobro inmediato de la evasión fiscal, así como la confiscación de los bienes y cárcel a los evasores. Estamos a favor de que el déficit lo paguen los ricos y no se toque un solo colón de los bolsillos de los trabajadores.
Además, hay que suspender inmediatamente el pago de la deuda y realizar una auditoría fiscalizada directamente por los trabajadores para determinar quiénes son sus principales acreedores.
Con estas dos medidas concretas habría dinero suficiente para realizar un 10% de aumento salarial, fortalecer las convenciones colectivas, aumentar el presupuesto nacional para invertir en salud, educación e infraestructura pública.
Como ya se dijo, la lucha que demos desde los sindicatos, barrios, centros de trabajo y universidades es muy importante para lograr el objetivo. El sistema capitalista hace que la riqueza quede en pocas manos, mientras que la mayoría de la población se hunde en la miseria. En Nicaragua, Brasil o España hay luchas fuertísimas contra ataques similares al que quiere imponer el gobierno y los empresarios.
Sin embargo, consideramos que hay que ir más allá. Para transformar de raíz esta difícil situación se debe construir un gobierno de trabajadores; una alternativa política al capitalismo que le quite el poder a los ricos mediante una revolución socialista en Costa Rica y en todo el mundo.