Nicaragüenses

Policía encabeza una cacería de obreros nicaragüenses en Zona Norte

Desde que se decretó el cierre de fronteras a mediados de abril, la inmensa cantidad de operativos policiales en la frontera han provocado un verdadero terror entre las y los trabajadores migrantes, sobre todo entre quienes son transfronterizos y tienen años de cruzar todos los días la frontera para laborar en plantaciones agrícolas.

Producto de la violación sistemática de derechos laborales, los empresarios agrícolas no gestionan permisos laborales para la mayoría de trabajadores, provoca que con el cierre de fronteras miles se deban enfrentar una cacería por parte de la policía.

Al 07 de mayo más de 10 mil migrantes, la mayoría nicaragüenses, han sido expulsados del país mediante los operativos de frontera producto de la crisis del coronavirus.

Algunas delegaciones policiales parecen campos de concentración de migrantes pobres, que son detenidos y expulsados del país cada día, mientras la sed de mano de obra nicaragüenses de las plantaciones de piña, naranja y yuca provoca que la situación no se detenga.

La culpa es de las empresas que no tramitan documentos a los trabajadores

No hay ninguna posibilidad legal de que los trabajadores de las plantaciones puedan obtener sus permisos de trabajo sin la participación activa de sus patrones, pero eso significaría que deban pagar las cargas sociales y reconocer sus derechos laborales, lo que rebajaría las ganancias de los empresarios y por eso no lo hacen.

La imagen de policías de con fusiles de asalto encañonando a obreros que se bajan de un camión ganadero en la frontera norte, no permite visualizar que ellos y ellas que reciben trato de los más malvados malhechores, iban camino a las plantaciones de la empresa TICOFRUT, quienes les paga salarios de 5 mil colones diarios, y que cada año al final de la zafra de naranja reporta ganancias de más de 60 millones de dólares.

Con la pandemia crece la represión contra los pobres y migrantes

Ningún empresario ha encañonado ni detenido por usar personas migrantes en condición de trata para enriquecerse, mucho menos por no pagar nada a la CCSS en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, los empresarios son intocables.

La represión contra los trabajadores en las fronteras ha dejado episodios lamentables, como el del operativo contra el campamento agrícola de refugiados políticos nicaragüenses en Upala, sin orden alguna se metieron a las casas y les tuvieron detenidos por varios minutos mientras revisaron todas sus pertenencias, tan solo por ser nicaragüenses.

Otra situación lamentable es la del taxista pirata que fue condenado reciéntenme a 6 años de cárcel por transportar a 2 nicaragüenses sin documentos en su vehículo, condena que le impuso por el juzgado de flagrancia de San Carlos en solo dos semanas de proceso, las empresas de buses transporte que se enriquecen con migrantes o los vehículos de las plantaciones no reciben el peso de la ley como a ese taxista pobre.

También, recientemente circuló una versión de un indígena Ngäbe que fue expulsado del país porque la policía de fronteras lo consideró un extranjero, en la frontera sur.

Urge una amnistía para los trabajadores de las fronteras

En el Partido de los Trabajadores creemos que ningún trabajador debe ser considerado ilegal, y en momentos como el actual, donde la emergencia nacional por el Coronavirus dificulta aún más que las personas puedan acceder a sus documentos, se debe decretar una amnistía migratoria para todas las personas que laboran en el país y que son extrajeras, tanto las que viven en Costa Rica, como las que se movilizan diariamente entre las fronteras.

Con eso, se eliminaría la represión de los trabajadores, podrían acceder a los servicios de salud de la CCSS, y sobre todo daría más margen para que las empresas agrícolas y de otros sectores que les dan trabajo sean obligadas a pagar las cargas sociales. 

Para conseguir esa medida, es urgente que los obreros y obreras migrantes se organizasen en las empresas, para que mediante huelgas exijan a la patronal y al gobierno el cese de la persecución y la amnistía migratoria para todos y todas de inmediato.